jueves, mayo 26, 2011

En Perijá se juega en un sentido muy profundo el destino del proceso venezolano. Entrevista a Edgardo Lander. 24 de mayo 2011


Entrevista a Edgardo Lander (Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela). Martes 24 de mayo de 2011. Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela (Sede Los Chaguaramos – Caracas). En el marco del Foro 3: Geopolítica de la Biodiversidad. II Congreso Venezolano de Diversidad Biológica.


Por: Lcdo. Nicanor A. Cifuentes Gil (NACG)
Docente del Programa de Formación de Grado en Gestión Ambiental. UBV-Sede Zulia.
Fotografías: Heberto Prieto.

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NACG: Primero comentarle el agradecimiento por haber tocado el tema de Perijá y lo que representa en términos de encrucijada civilizatoria. […] Para Ud. esto que recién comentaba de Perijá, la explotación del carbón, comprometer los acuíferos, desplazar comunidades indígenas y el complejo ganadero militar que no termina de entender esas cosmovisiones en esos espacios, ¿en qué momento eso estaría riñiendo, o está riñiendo ya, con el concepto de patria grande bolivariana que desde acá se impulsa?

E.L.: Bueno, como dije en la presentación, yo creo que concretamente en Perijá se juega en un sentido muy profundo el destino del proceso venezolano, porque ahí están en juego demasiadas cosas. Está en juego si efectivamente el texto constitucional en relación a un Estado Plural que reconoce por primera vez en la historia el derecho de la diferencia, el derecho del otro es un papel. Está en juego de si podemos construir una sociedad democrática o no. Está en juego que en el tema de la delimitación de los pueblos indígenas, un problema medular que quedó claro con el Caso Sabino, que es que en la medida que los pueblos indígenas contemplados en la Constitución son dependientes de la delimitación territorial, la no delimitación hace que en realidad no existan derechos de pueblos indígenas. Entonces estamos ahora igualitos que antes de aprobar la Constitución. El caso del carbón a mí me parece imperdonable, porque obviamente la dependencia de Venezuela del petróleo es de muy larga data y, como dije también en la intervención, no puedes cerrar el grifo de un día para otro. Yo creo que hay que plantearse de forma radical e inmediata la transición hacia una economía no petrolera, pero lo que no tiene sentido es que se esté incentivando una cosa que ni siquiera tiene historia, porque una vez que se instale, una vez que hay un número grande de trabajadores involucrados, una vez que la economía de la zona se hace dependiente de eso, echar eso para atrás es mucho más difícil. Entonces creo que eso no tiene justificación alguna en un lugar donde está afectando la diversidad genética donde los acuíferos como tú decías están siendo afectados; esa es una zona del país de problemas de agua severos y donde no solo hay comunidades indígenas, sino que hay comunidades indígenas que están peleando por sus derechos, o sea, no son unos indiecitos que andan por ahí, sino que son comunidades son pueblos que andan reivindicando sus derechos. Y ese derecho que viene por su puesto de una forma de relación con su entorno que no puede ser por la vía de la explotación petrolera, o no puede ser, como dice Nicia Maldonado con unas posadas turísticas para que los indios reciban vista en La Sierra, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza.



NACG: ¿Y a la hora de evaluar la gestión… para no personalizar, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos y Comunidades Indígenas (más allá de las siglas), será que es muy contra producente –Ud. hablaba de un arrase inclusive mayor de lo que ha generado el período colonial y colonial republicano?

E.L.: Yo creo que la lógica que, inclusive puede hacerse con la mejor intención posible, pero es una lógica que piensa los pueblos indígenas como pobres y carentes, y si los pueblos indígenas son pobres y carentes entonces el gobierno popular y revolucionario tiene la obligación de llevarle a… Entonces qué les lleva: bueno, primero franelas rojas rojitas, les lleva tractores inclusive casas de metal, o sea, lleva toda la lógica de los Consejos Comunales; entonces es todo un proyecto de transformación civilizatorio de llevar aquello que no tienen, pero no tienen no por pobres, no tienen porque evidentemente son carentes, ¿por qué son carentes? porque han sido desplazados de sus territorios, porque les han quitado sus vías de acceso, porque hay presencia militar permanente, porque hay violencia, porque las aguas están contaminadas… entonces bueno, eso pasa por la reivindicación de derechos. Ahora, una política en relación a los pueblos indígenas en Venezuela tiene que reconocer que, como sujetos, los pueblos indígenas en Venezuela, son unos sujetos extraordinariamente golpeados, o sea, uno no se encuentra con un vigoroso movimiento indígena y de comunidades que tienen una conciencia histórica muy clara... ¿Por qué? porque son quinientos años de sometimiento. Entonces el papel de lo que señala la Constitución, lo que señala la Ley de los Pueblos Indígenas, tiene que ver con un extraordinariamente complejo de contribuir al refortalecimiento y recuperación de los pueblos y no el atropello que significa la modernización en gran escala, con las mejores intenciones, pero que está destruyendo la diferencia. Eso que declara Nicia Maldonado, de que no le entrega la plata a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas porque el dinero corrompe, y entonces se lo entrega a los Consejos Comunales eso es cortarle la cabeza por completo a las formas de autoridad, eso es descomponer la estructura de la comunidad de los pueblos. Entonces esto es una política absolutamente antagónica, inclusive con el texto constitucional, o sea, uno ni siquiera tendría ahorita que pedirles que se inventen otra cosa sino, sobre lo que dice la Constitución, es una violación sistemática y la violación mayor tiene que ver con el hecho de que la no delimitación impide la posibilidad de reconocimiento real de los derechos porque los derechos, como se vio en el Caso Sabino, se decía: no, eso no ocurrió en territorio indígena… ¿Pero cómo va a ocurrir en territorio indígena sino hay tal cosa en Venezuela? ¡¡¡No hay!!! ¿Y por qué no hay? ¡¡¡bueno porque sencillamente el gobierno no lo ha hecho, eso es una política.!!!

NACG: Bueno. Agradecido.

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Acá la entrevista:




Edgardo Lander es un sociólogo venezolano, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela e investigador asociado del Trasnational Institute.

Graduado en Harvard y asesor de la comisión venezolana que negoció el Áreade Libre Comercio de las Américas, Edgardo Lander es docente-investigador en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Escuela de Sociología, profesor en el Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y miembro del Consejo Editorial de la Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, Universidad Central de Venezuela

Entre sus publicaciones, cabe destacar: Modernidad y Universalismo. Pensamiento crítico: un diálogo interregional 1 (editor, 1991); Neoliberalismo, sociedad civil y democracia. Ensayos sobre América Latina y Venezuela (1995); La democracia en las ciencias sociales latinoamericanas contemporánea (1997); La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas (compilador, 2000).


jueves, mayo 19, 2011

Wayuumana tiene rostro y latido indígena.

Video de Charles Mostoller sobre la localidad Wayuumana. Testimonios, voces, gestos de la gente digna que labra cotidianidad y que insiste desde su siembra, desde su palabra, desde su soñar, desde su camino colectivo contra armatostes corporativos que lucran con la naturaleza.

Vida contra muerte, agua contra explotación minera de carbón a cielo abierto. En Venezuela acontece esto que a continuación se registró en abril de 2011.



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viernes, mayo 13, 2011

CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD Y LA CRIMINALIZACION DEL MOVIMIENTO POPULAR

Ante la constante arremetida de los sectores reaccionarios, en contra del Movimiento popular revolucionario y del pueblo trabajador, que se expresa en 255 campesinos asesinados, así como decenas de trabajadores y dirigentes populares y a la persecución de más de 100 dirigentes obreros, 130 militantes del movimiento de pobladores, varios miembros del movimiento indígena, decenas de campesinos, todos estos procesados por tribunales de la republica, por ejercer la legítima defensa de sus derechos.



Nosotros, el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora (FNCEZ) el Frente Nacional Comunal Simón Bolívar (FNCSB) instrumentos de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, Comités de Tierra Urbana, Campamentos de Pioneros, Red metropolitana de inquilinos, Conserjes Unidos por Venezuela, Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados, y el Frente Organizado por el Buen Vivir del Movimiento de Pobladores (MP), la Asociación Nacional de Medios Comunicación Libres y Alternativos de Venezuela (ANMCLA), Marea Socialista (MS) la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) y el Movimiento Campesino Jirajara (MCJ) decidimos.


Iniciar una campaña nacional de movilización popular, que hemos denominado CAMPAÑA NACIONAL EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD Y LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA POPULAR, esta campaña contempla una serie de acciones en distintos puntos del territorio nacional y tiene como objetivo central, pasar a la ofensiva en la defensa de los derechos fundamentales de los actores populares.




La acciones se inician este viernes 13 de mayo con una rueda de prensa en caracas y 4 piquetes a partir de las 10 de la mañana simultáneamente, en la Pedrera estado Táchira, la Iberia en el Vigía estado Mérida, en la redoma industrial de Barinas y en el distribuidor San Blas estado Carabobo, hacia la gran marcha el día 07 de junio en la ciudad de caracas que tendrá como destinos la Fiscalía General de la Republica y la Asamblea Nacional, para ello hacemos un llamado a todos los sectores revolucionarios dispuestos a defender los derechos fundamentales del pueblo a sumarse a esta campaña, solo la movilización decidida de las organizaciones populares de la mano con el Comandante Presidente Hugo Chávez, lograra frenar la arremetida criminal de los factores de la derecha apátrida Y EL REFORMISMO restaurador. Y marcara la pauta a los organismos competentes para que cese la impunidad y se dé respuesta a los cientos de casos de violación de derecho Y asesinatos de dirigentes populares, así como la derogación del articulado que faculta la criminalización de la protesta popular.


Es claro el carácter clasista de la justicia y de sectores del reformismo restaurador, que continúan sirviendo a los más oscuros intereses de los sectores dominantes: el capital, los terratenientes y sectores burocráticos funcionales o afines a éstos. Sólo la ofensiva popular, de la mano del Comandante Presidente Hugo Chávez, podrá detener estas acciones criminales contra el pueblo y rescatar la justicia secuestrada por las oligarquías.



Dentro de este espíritu de lucha proponemos por ahora los siguientes puntos de acuerdo


1- Que se adelanten las investigaciones y procesamiento de los responsables tanto materiales como intelectuales en todos los casos en que han resultado asesinados militantes y dirigentes populares, especialmente en los casos de los 255 campesinos asesinados y varios dirigentes obreros.


2- Sobreseimiento de las causas penales que involucre a militantes populares procesados por el legitimo derecho a la defensa de sus derechos fundamentales


3- Acelerar la reformas legislativas que facilitan la criminalización de las luchas populares, en especial exigimos la derogación del decreto 471-A del Código Orgánico Procesal Penal (COPP)


4- Denunciar y combatir los cercos mediáticos que se instalan alrededor de las legitimas luchas populares, no a la censura y autocensura que buscan aislar las voces y demandas populares


5- Avanzar en la consolidación de un espacio de unidad de las fuerzas revolucionarias, que exprese la diversidad y que garantice la férrea voluntad de defensa del proceso revolucionario junto al Comandante Chávez, bajo un plan de lucha concreta y bajo la consigna ni Capitalismo ni Burocracia, Socialismo y mas Revolución.


6- Construir el polo patriótico desde abajo y con los de abajo


7- Profundizar la batalla ideológica, contra quienes intentan desideologizar este proceso imponiendo el pragmatismo para desviar el curso de la revolución y la construcción del socialismo.



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CORRIENTE REVOLUCIONARIA BOLIVAR Y ZAMORA.


Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora,


Frente Nacional Comunal Simon Bolivar,


Centro de Formacion y Estudios Sociales Simon Rodriguez.


Movimiento Poder Popular Obrero


www.fncez.net.ve


04169316157, 0426-5673348,04162083742,04166661244.





martes, mayo 10, 2011

Editorial: Sabino y Alexander declarados: ¡inculpables!

No vamos sol@s... con nosotr@s va el horizonte!!!


Hoy en los tribunales de Trujillo, Sabino Romero y Alexander Fernández fueron declarados “inculpables” por lo sucesos del 13 de abril del 2009, y con esta decisión se cierra una etapa en la lucha de nuestros pueblos y comunidades originarios y la lucha continua con todas las viejas consignas vigentes, pues aún las metas de los pueblos no han sido alcanzadas y más aún, nunca como antes un estado gobierno estuvo tan sistemáticamente dedicado a desmantelar los esfuerzos de resistencia.

Primero dijeron que Sabino era culpable de otro eufemismo penal: agavillamiento contra el Estado, y él dijo: Soy revolucionario. Ahora pasados dos años casi no pueden acusarlo de inocente, pues es liberado junto al hermano Alexander bajo la acusación de inculpable.

Inculpable es el eufemismo con el que el poder nombra desde hoy todo lo que no controla, todo lo que se le escapa de la cárcel de sus propios códigos. Inculpables son los sin techo y los ocupantes de edificios, los mineros traicionados de Las Claritas, los indígenas que luchan por la tierra, los revolucionarios colombianos y vascos extraditados, los familiares de los obreros y campesinos asesinados que piden justicia, los campesinos que ocupan la tierra sin esperar permiso, los que luchan por el control obrero sin control burocrático, los que luchan contra la corrupción, los que se oponen a los negocios de las corporaciones transnacionales en nuestro territorio. Inculpables son los funcionarios honestos destituidos sin explicación.

Viene ahora, y eso por cuenta de la voluntad de destino de las comunidades, la justicia ancestral, cuando sea posible, cuando la limpie la comunidad de la manipulación criminal de los ministros iscariotes Tareck y Maldonado. Viene la lucha por los territorios y la defensa del gobierno ancestral, la lucha por la autonomía y la dignidad. Nuestros hijos seguirán lo que haremos. Viene la unidad de los pueblos y comunidades, dejando atrás el consorcio de mantas y disfraces que camina por los pasillos de Caracas. Viene la voz propia tiene que venir o perecer como pueblos.

El movimiento popular debe preguntarse: qué tan savajes somos, qué tan caribes y arawak, qué funcionario nos entiende?, ver que somos mucho menos criollos y construir la unidad definitiva en la lucha por la tierra y la dignidad, porque nada se nos dará sin pelea.

No cambiemos la tierra por un papel, el agua por una promesa, hay que pelear porque es la lucha la que garantiza y une y es la dadiva clientelar la que nos divide. Sobre la roca de la lucha construiremos nuestra verdadera soberanía.

En un juicio del todo ilegal, amañado; juicio que nos prueba que las tribus judiciales no solo siguen vivitas sino que se han fortalecido en un juicio tan descarado e inmoral que tuvo que convocar a lo peor de la burocracia judicial y del Ministerio Público, a agentes oscuros y manipuladores al servicio de oscuros intereses del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia.

Si revisamos todas las etapas a la luz de la justicia escrita venezolana los desafueros obligarían la detención y juicio inmediata de la mayor parte de los funcionarios implicados, agentes del CICPC que dirigieron interrogatorios con torturas, militares que se llevaron ilegalmente a Sabino Romero del Hospital Che Guevara y posteriormente del Hospital Militar de Maracaibo sin presentar una orden de detención, sometiéndolo por meses un aislamiento casi absoluto por orden del consorcio ministerial Carrizales, El Aissami; militares que intentaron ultrajar y abusar sexualmente de la esposa y las hijas de Sabino en Fuerte Macoa, médicos forences fantasmas, Fiscales Valbuena y Martínez, sicarios judiciales del poder y de los ganaderos, la Jueza Judith Rojas, de Primera Instancia en Funciones de Control, Extensión Villa del Rosario del Circuito Penal del Estado Zulia que negó sin exposición alguna de argumentos el derecho a la jurisdicción especial en este caso y validó arbitrariamente pruebas levantadas porel CICPC viciadas de nulidad.

La Jueza Rojas es seguida por el Tribunal de Apelación quien consolida la decisión amañada desconociendo la opinión de los expertos cientificos que presentaron informe sobre el derecho a su ley ancestral de los imputados. Sólo la jueza Carroz fue una luz independiente al declarar que este caso no debió llegar a un tribunal penal y que aguardaba por la rectificación desde el amparo introducido por la defensa al TSJ. Pero en el TSJ esperaba el Magistrado y ex militar Aponte Aponte, ya señalado por sus procederes poco éticos al servicio de quien lo requiera del poder y de las corporaciones.

De ahí a Trujillo, donde por obra y gracia de la burocracia ministerial el cacique yukpa Olegario Romero terminó aceptando la defensa privada puesta por los ganaderos de Machiques, interesados en desprestigiar a los yukpas y negociar la restitución del botín de tierras. Sin embargo fue tan mala y penosa la defensa del Abogado Alfonso Chacín, más dedicada a condenar a Sabino que a salvar a Olegario que también debería estar preso por incitar al perjurio junto a las fiscales de la causa.

Fue un privilegio ver a un puñado de jóvenes yukpa, barí, wayuu y de otros pueblos crecer en la dignidad de la lucha, ver al anciano libertario José María Korta, a Ramón Sanare Dominguez y a Wo Li Min poner su cuerpo en la eucaristía del hambre. Ver la solidaridad Internacional de Carlos Walter, de Monseñor Balduino de la pastoral por la tierra, de Pablo Dávalos y Anibal Quijano, de Raúl Zibecci, Vladimir Aguilar, a José Quintero Weir, a Roland Denis, a Frezia Ipinza, y miles de ciudadanos de nuestramérica y del mundo haciendo solidaridad clara y conciente.

Ver a nuestro compañero Lusbi Portillo dar prueba de vida, afecto y constancia, llevando al hombro su dificil y meridiana escuela de rebeldía. Ver a los hermanos que no mencionamos por que son sangre y verde de la tierra, luz de la sierra, sangre y rojo de las calles. Sus nombres son silvidos de viento, por eso los nombramos pa adentro.

Vimos lo fácil que es para nuestro pueblo tener palabra propia, que le sobra solidaridad y sentido común y vimos la torpeza de quienes creen que deben medir el hasta dónde, pesar el cuidado, lijar las aristas de la palabra, procurar que todo encaje, aislar las voces altas, ponerle tapas guindatorias a los pliegos y petitorios. Vimos oportunismo y compra de conciencias, vimos quiebre de voluntades, vimos a quienes montan un contrato de servicios en medio de una lucha popular, vimos la prudente medianía y vimos el silencio de los burócratas.

Tuvimos que denunciar tantas veces las razones de Estado que ahora estamos obligados a ver más allá de la arbitrariedad, a desechar la prudencia en el decir y la desmemoria. Hay que ayudar a construir el camino de emancipación de nuestros pueblos desde cada experiencia, cruzar nuyevamente el desierto sin rendirse ante un vaso de agua, otra política, no dictada por nadie, sino ciencia y palabra de nuestro pueblo es urgente.

El camino no es el del proselitismo, ni el de la domesticación clientelar, el camino es luchar contra el imperio y sus lameculos de aquí, donde el imperio pone sus garras, el camino es la tierra y la resistencia, el camino es la autonomía, el camino es el de la tierra, el poder popular, y la dignidad, el camino es el de las comunidades.



¡¡¡seguir movilizados!!!

Tomado del: Colectivo Libre Aquiles Nazoa. Venezuela.

La justicia indígena todavía es tabú


Por: Edgar López

Los tratados internacionales, la Constitución y las leyes fundamentan procedimientos y sanciones inconcebibles en tribunales ordinarios. El Tribunal Supremo de Justicia no permite a los pueblos originarios juzgar delitos graves.


50 chivos, 10 vacas y 3 collares.

Eso fue lo que pagó Venejildo González, por haber violado a su hijastra de 15 años de edad, luego del acuerdo indemnizatorio entre el agresor y la víctima, según las costumbres ancestrales del pueblo wayúu.

El acuerdo fue homologado ante la División Regional de Educación Intercultural del estado Zulia, el 4 de agosto de 2009. Desde entonces González se asumía libre de culpas, pero hace un mes fue detenido por la policía, pues figuraba como solicitado. A instancias de la Fiscalía, un tribunal de control de Zulia decretó su detención judicial preventiva y luego declaró procedente la acusación por el delito de violación. Todavía está recluido en el internado judicial de El Marite, donde espera el comienzo de un juicio que podría acarrearle entre 15 y 20 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 374 del Código Penal.

El abogado Ricardo Colmenares asumió la defensa de González y completa la historia: "Después del acuerdo, el agresor y la víctima formaron pareja y tuvieron un hijo. La cónyuge es una de las más interesadas en que se respete la justicia wayúu y su marido no sea juzgado por la justicia alijuna, como se denomina a lo que no es indígena".

Pluralismo jurídico

Lo primero que alegará Colmenares es el fundamento constitucional y legal de los diversos mecanismos utilizados por los pueblos indígenas venezolanos para juzgar los delitos cometidos por sus integrantes en sus territorios.

Al reconocer la jurisdicción especial indígena "como un componente esencial del Poder Judicial", razona Colmenares, el artículo 260 reivindica el pluralismo jurídico en Venezuela, es decir, la coexistencia de varios sistemas normativos.

La etnia wayúu, la más numerosa del país, cuenta con la figura del pütchipü'ü, que también es conocido como palabrero y actúa como mediador.

En el caso de Venejildo González y su hijastra, indicó Colmenares, un pütchipü'ü promovió la negociación que terminó con la indemnización material de la víctima.

Sin embargo, esa forma de resolver conflictos no sería aplicable al asesinato de ocho miembros de la familia Cambar, que fueron emboscados por integrantes de la familia Palmar el 23 de abril, en el sector Aipiapa. Aunque el hecho sólo involucra a indígenas y ocurrió en territorio indígena, todo indica que corresponde a una variante de delincuencia organizada, la cual está expresamente reservada a la justicia ordinaria.

Los ye'kuana, por ejemplo, proceden de otra manera en caso de homicidio. Alberto Rodríguez, presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Caura Kuyujani, explicó que el öyajö o capitán de la comunidad donde hayan ocurrido los hechos se reúne con un consejo de ancianos para determinar la gravedad del hecho. "Hace algunos años, dos grupos de jóvenes salieron a cazar. A uno se le escapó un disparo y mató a otro. En este caso las familias de la víctima y del victimario fueron convocados por el öyajö y el consejo de ancianos. No hubo sanción, pues todos se conformaron con la verificación de que no hubo intención de matar".

Rodríguez explicó que si se tratara de un homicidio intencional, la sanción es el destierro. El homicida abandona la comunidad y es rechazado hasta por sus familiares. En el derecho ye'kuana no figuran las indemnizaciones materiales a la víctima.

Freno en el TSJ

La jurisdicción especial indígena es un derecho y no una concesión, de modo que el Estado está obligado a promoverlo. Así lo entiende el defensor especial indígena, Alonso Guevara (jivi), con lo cual sugiere que las políticas estatales deben deslastrarse de posturas civilizatorias o demagógicas para responder a lo esencial: ¿se cree o no en las capacidades de autogobierno de los indígenas, lo cual incluye el resarcimiento del daño causado por una muerte con chivos, vacas y collares? A pesar del avance logrado con la promulgación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas en 2005, la justicia indígena todavía es tabú y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no admite su aplicación en casos de delitos graves (como el homicidio y la violación), considerados de orden público, es decir, que trascienden los intereses particulares de los directamente involucrados.

El constitucionalista Rafael Chavero realizó un estudio de las sentencias dictadas por el TSJ y concluye que ha privado una concepción restrictiva.

Técnicamente, la solución es sencilla: la jurisdicción especial indígena también tiene fundamento en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue suscrito y ratificado por el Estado. En virtud del artículo 23 de la carta magna, corresponde aplicar yla norma más favorable; en este caso, el convenio de la OIT, que no exceptúa la posibilidad de juzgar delitos de orden público.

Chavero considera que la reivindicación de los derechos indígenas se ha limitado al discurso populista y plantea una hipótesis: "Aunque en Venezuela hay más de 800.000 indígenas, la reivindicación de sus derechos se ha tratado como un asunto marginal".



Tomado de: El Nacional.
Cuerpo Ciudadanos.
Jueves 5 de mayo de 2011.

jueves, mayo 05, 2011

Homo et Natura y los tiempos que faltan por venir


Por: Vladimir Aguilar Castro*



Hay que tener la modestia de reconocer

que el momento en que vivimos no es


ese momento único o súbito de la historia


a partir del cual todo se acaba y todo recomienza”.


Michel Foucault


Arriba Homo et Natura, organización no gubernamental venezolana avocada a la protección de los ecosistemas frágiles de la Sierra de Perijá y al acompañamiento a la resistencia de las culturas indígenas allí existentes, a 26 años de lucha ininterrumpida.

Generalmente las instituciones tienen que ver con mujeres y hombres.

Así como el pueblo Yukpa tiene que ver con Sabino, su firme guerrero en los momentos actuales, Homo et Natura lo es con Lusbi Portillo.

Los tiempos de encrucijada también lo son para las organizaciones.

Y hoy cuando Homo et Natura cumple 26 años, la encrucijada mayor ha sido la lucha por la libertad de Sabino, Olegario y Alexander, así como por la implementación de la jurisdicción indígena reconocida constitucionalmente.

Indiscutiblemente que en estos tiempos muchas cosas han quedado en el camino.

Antiguos aliados, principios, valores, rumbos y compromisos, se convierten en atajos y caminos cortos cuando el andar se transmuta en vacilación.

Homo et Natura nos ha mostrado, como en las cavilaciones de la política, que en 26 años no se vacila sino que se camina.

Es así como nos hemos identificado, en tanto Grupo de Investigación-Acción Universitaria, a lo largo de unos 5 años, con sus luchas y causas.

Homo et Natura ha sido una antorcha de luz en estas circunstancias en que muchos movimientos sociales han sucumbido a su secuestro por la revolución.

Convertidos en apéndices (chef de fil) del proceso, para luego ser aniquilados a través de la cooptación política, muchas organizaciones sociales proyectan su propia traición.
Justificar a ambos lados
Junto a Homo et Natura, celebramos pues 26 años de apuestas y nos sumamos a lo que nos queda por transitar como lucha pendiente, en los tiempos que faltan por venir.


*
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

Universidad de los Andes


vaguilar21@hotmail.com

Tomado de: http://www.aporrea.org/ddhh/a122751.html