El Estado-gobierno ha violado la Constitución y los derechos de los pueblos indígenas: A juicio en Maracaibo los caciques yukpa de la Sierra de Perijá por la jurisdicción ordinaria.
La jueza Judith Esperanza Rojas ha condenado hoy el derecho indígena en el tribunal de la Villa del Rosario, enviando a juicio en Maracaibo, a los caciques yukpa Sabino Romero Izarra y Olegario Romero Romero, y Alexander Fernández Fernández (Wayuú), bajo la jurisdicción ordinaria, y al menor de edad Israel Romero, también acusado desde el mes pasado por el tribunal de menores.
Con esta decisión la jueza no sólo golpea al pueblo Yukpa y a todos los pueblos o naciones indígenas de la República Bolivariana de Venezuela, sino que además despoja a los propios indígenas del derecho que les fue otorgado constitucionalmente a través del
artículo del Capítulo VII y
260 de la Constitución y todos los artículos de la
Ley Orgánica de Pueblos Indígenas (LOPCI), el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas, y demás convenios internacionales de la OEA y ONU, de poder regirse según su propia jurisdicción.
Ayer 5 de Febrero en la mañana, las víctimas: Gloria Romero, madre de Nireña Romero, Isabel Romero, Lucía Romero, esposa de Sabino y madre de Marilyn Romero, Alejandro Romero, padre de Edicson Romero, y Antonio Romero, papá de Ebert Romero,
solicitaron que el juicio fuera trasladado a la jurisdicción indígena. Como señalaron los abogados defensores de Sabino, Olegario y Alexander, los doctores Ricardo Colmenares y Leonel Galindo, todas las víctimas, sin excepción,
pidieron que se respetara y reconociera el derecho indígena, y se aplicara la justicia indígena de acuerdo a las costumbres, los parámetros culturales y la cosmovisión del pueblo yukpa. En el artículo 260 de la Constitución, explicó la defensa, están indicados los tres parámetros fundamentales que abre el derecho indígena a regirse según sus propias leyes y autoridades:
el hecho se suscitó en tierra indígena, los implicados son miembros de la misma comunidad y regidos por normas y pautas de control social típicas del pueblo yukpa. Señaló el cacique Antonio Romero que aunque sea grave un hecho de sangre puede resolverse según su jurisdicción y conducido por sus líderes.
La actitud de la jueza, según declararon los abogados en la primera sesión de la audiencia que culminó alrededor de las 2:00 de la tarde, parecía receptiva a las tesis fundamentales expuestas por la defensa, entre las que se solicitó al tribunal
ceder el juzgamiento de los hechos a las autoridades legítimas indígenas. Sin embargo la balanza se estancó al final del día, cuando se le dio fin a la audiencia alrededor de las 5:30 de la tarde, y
la jueza se declaró a favor de la jurisdicción watia (no indígena),
dejando por fuera los testimonios, deseos y peticiones de las comunidades yukpa a ser juzgados en su propia comunidad. A su salida, los abogados defensores se refirieron a los desequilibrios del proceso, a
un conjunto de errores jurídicos, como el no cumplimiento de la igualdad de las partes (son siete los fiscales que demandan a los cuatro yukpa), y la limitación de su derecho de defensa, pues mientras que al Ministerio Público le fueron aceptadas todas las pruebas, a la defensa de Sabino, Alexander y Olegario le fueron negadas tres de las cinco pruebas presentadas:
Se aceptó la introducción de un informe socio-antropológico en el proceso, pero se rechazó la participación de los expertos en derecho y culturas indígenas, aspecto que hubiese podido dotar de conocimiento al juez que llevará el juicio, que no es indígena ni yukpa, y que lleva el caso (el art. 140 de la LOPCI exige y ordena que el juez debe estar dotado de elementos culturales para tomar una decisión en base al informe presentado).
Se rechazó la petición que había hecho la defensa para la reconstrucción de los hechos como un elemento que permitiría precisar el modo, tiempo y lugar de los hechos (el enfrentamiento ocurrió entre las 6:30 y 7:00 de la noche el pasado 13 de octubre del 2009, en plena Sierra).
Tampoco tuvo lugar la petición de nulidad por el delito de agavillamiento imputado a Sabino, Alexander y Olegario, que como explicaron los abogados defensores, no corresponde al caso.
Sólo se aceptó de lo presentado por los defensores, a los testigos que podrán declarar en el caso. La defensa ha entregado además un informe en donde se denuncian las condiciones infrahumanas y de amenazas por parte de los militares en que se encuentran los acusados en el Fuerte Macoa.
Los yukpa se encuentran aislados, y sus otros familiares y amigos no tienen acceso libre a ellos, pero se ha tomado la decisión de que seguirán recluidos en este lugar. El martes le será entregado un poder a los abogados que les permitirá apelar el caso al Tribunal Supremo de Justicia.
.abogados de la defensa: Leonel Galindo y Ricardo Colmenares.Tanto para Colmenares, como para Galindo, hubo sin embargo, un importante avance para las comunidades yukpa implicadas en los sucesos del 13 de octubre de 2009 en relación con el derecho indígena, pues para el día de ayer los indígenas presentes exigieron sus derechos y solicitaron el traslado del caso a su jurisdicción especial.
En la Villa del Rosario, comentó Galindo, hubo ayer un solo pueblo yukpa unido, un avance del pueblo yukpa, aunque no del poder judicial. El estancamiento del poder judicial se traduce para Colmenares en un profundo retroceso del país en materia jurídica, en pura palabra, pues para qué se reconoce el derecho indígena en la Constitución si se va a rechazar de manera tan tajante. Todo indica, nos dice la defensa, que pareciera que se quiere imponer la máxima pena a los líderes indígenas.
Sólo están en desacuerdo con la aplicación de la justicia especial indígena los caciques/funcionarios del Ministerio Indígena que en un camión oficial hicieron acto de presencia a las tres de la tarde, entre los que se pudo distinguir el señor Jesús Salvador Terán, cacique de Neremü/funcionario.
Los funcionarios del poder judicial, jueza y fiscales comandados por el oscuro abogado
Víctor Valbuena, cometieron hoy, en nombre del
Estado gobierno, un ensañamiento en contra de los indígenas, negándoles el ejercicio de derecho. La decisión tomada por la jueza Judith Esperanza Rojas fija un oscuro precedente para la apertura del derecho de los pueblos indígenas en Venezuela, golpeada la Constitución, la LOPCI y leyes de los pueblos indígenas, y dejando pasar las irregularidades que este proceso jurídico viene llevando duramente a cuestas desde sus inicios.
