Por una ECOnstituyente 2017.

Puntuales consideraciones para darle una dimensionalidad ecosocialista al debate constituyentista venezolano.

Por: Nicanor Cifuentes Gil

Miembro del Frente de Resistencia Ecológica del Estado Zulia (FREZ)/ 

Docente Universidad Bolivariana de Venezuela / Colectivo La Mancha

“Nuestra principal riqueza,  después de la riqueza moral y de nuestro propio pueblo, no es el petróleo; es el agua y son los bosques. Es la naturaleza. Así que cuidemos ese patrimonio (…) Solo pensemos y actuemos como un actor más en esta maravillosa creación de Dios que es nuestra tierra, nuestro planeta, nuestras aguas, oxígeno, atmósfera, ríos, lagos, mares, de ahí salimos nosotros”

Hugo Chávez Frías. Punta Gorda.

Cabimas, Edo. Zulia 23/06/2004

                Se trata de una propuesta que pretende, en el marco de la convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente hecha por el Presidente Nicolás Maduro Moros (Decreto 2.830), sumar insumos para el gran debate en procura de ampliar y perfeccionar nuestra Carta Magna a partir de un horizonte ecosocialista que nos religue a todas y todos.

                Entendemos que la apuesta desafiante que en este momento del mundo tenemos que asumir no es la de dejar intactas las grandes causas generadoras, en diversas escalas, de la agravada situación planetaria que permea con dura violencia global y como deleznable legado las dos primeras décadas de este tercer milenio. No revisar la materialidad y capacidad de carga de los ecosistemas a escala global seguirá abonando al gatopardismo inercial que desde las sucesivas coyunturas hacen de muro de contención de las sensatas y urgentes voces, de los rigurosos y argumentados proyectos que abonan para el mundo posible post capitalista que estamos llamados definitivamente a erigir.

                Tenemos un planeta urbanizado, desvinculado de sus espacios de producción alimentaria y altamente dependiente del consumo vacuo que insuflan las corporaciones mediáticas. Abunda una demografía inflamada de dolencias, desplazada de sus espacios ancestrales de vida que, para mayor complicación del asunto, sigue siendo considerada ilícita, extranjera y amenazante del status quo  agringado que arropa de manera asfixiante al planeta azul.

                Desde la pretensión cosificante y mercantilista de lo vivo que erige sin tregua el sistema capitalista neoliberal en su fase más voraz, más belicista, debemos permitirnos un espacio tiempo para develar el horizonte a donde dirigiremos nuestros decires y haceres constituyentistas toda vez que este umbral de participación, de debate y de concreción de ideas no debe perder de vista, ante tanta coyuntura que nos circunda, el trasfondo más preciado que debemos salvaguardar como Estado abrazado al ideal anti imperialista y bolivariano: La vida en común y en paz.

                Esa vida en común y en paz requiere de elementos y dinámicas tan claves como ignoradas por ser asumidas, desde un frágil pragmatismo, como permanentes y nunca amenazadas. Y hablar de vida no nada más desde un enfoque cotidiano de vida sino de vida perdurable, gozosa, creativa abrazada a la ética libertaria, solidaria capaz de materializar la espiritualidad pluricultural y multiétnica que nos define en el mundo multipolar al que aspiramos interrelacionarnos.

                Vivir en salvaguarda de lo común y fomentando la paz es tarea política permanente pero dicho acto en nada se divorcia de una sensata y efectiva alfabetización ecológica que, desde una luminosa pedagogización sea capaz de reconocernos como especie biológica habitante de un tiempo y un espacio con limitaciones físicas e importantes fragilidades que a todos convoca para, más allá de discursos prefabricados, de poses y simulacros, poder entender para salvar pues lo sabemos: no se salva lo que se desconoce amenazado.

                Harto es sabido que la naturaleza se ve como algo que nos rodea a los humanos. Desde el inoculado antropocentrismo la ciencia y la economía basada en indicadores macroeconómicos (y no macroecológicos y/o macro culturales) arrinconaron la vida toda (humana y no humana), la patentaron y apuestan incesantemente por un lucro ilimitado dentro de un planeta con sabidas limitaciones físicas.

                Que estemos azotados de narrativas vacuas así como de lemas abrazados a una sustentabilidad (la del proyecto hegemónico imperial); que a nuestras costas espirituales la ventisca y la sequía le demuestren el precio del avance de la estafa eco-fascista que en nada reconoce a los pueblos y sí a las organizaciones ¿preocupadas? por la salud planetaria, no debería extrañarnos y sí ocuparnos en sinergia efectiva pues desde la inacción son más los escenarios presentes y porvenir donde se apunta hacia instancias de impacto y desacople, de rupturas de ciclos naturales otrora acompasados a la rotación y traslación del planeta en vínculo con su sistema solar.

                Y en el debate no podemos perder de vista que el patriarcado expolia al ser humano, a la mujer y a la naturaleza y que la deriva de ese patriarcado, el capitalismo, encuentra lucro explotando a obreras y a obreros, empobreciendo inmensas zonas del planeta y haciendo del cosmos natural una zona de saqueo permanente poniendo en jaque su propia permanencia como dimensión económica viable en términos de vínculo con lo natural.

                Por tanto si apostamos, desde la dinámica Constituyente que inicia desde el 1ero de mayo de 2017 en Venezuela,  por un nuevo estado post petrolero, menos extractivista – dependiente y consciente del rol comunal de sus emergentes actores sociales, no revisar con rigor las implicaciones de lo ecosistémico político que está en juego en la nueva reconfiguración y apropiación del territorio venezolano sería una falta agravada a las aspiraciones de matria digna.

                De no asumir de manera más nítida en nuestra carta magna a ampliar las variables agua (economías emergentes y salvaguarda de cuencas hidrográficas), biodiversidad (alimentación / medicamentos de origen animal, botánico, fúngico), hábitat (autoconstrucción y bioconstrucción), agroecología  (soberanía alimentaria), territorialidades  (indígenas, campesinas y afrodescendientes), las múltiples tensiones y opciones vinculadas con las ciudades  (espacialidades donde priva el consumo y la tensión de la sobrevivencia humana) así como el reimpulso de las energías alternativas (hacia la conformación de territorios energéticamente autónomos a partir de la energía solar y la energía eólica)  se influirá notablemente en la complejización de contundentes problemáticas vinculadas  con la nueva economía que aspiramos materializar, con la nueva sociedad (multicultural, pluriétnica y sexo género diversa) que redimensionaremos colectivamente siempre teniendo de base estas puntuales (pero muy complejas) variables sin las cuales no tendrá sentido alguno, en términos prácticos, la aspiración de matria cualesquiera que sea la resulta del debate de las y los constituyentistas elegidos de manera sectorial y territorial.

                Por tanto no es capricho ni efectismo trasnochado sumar puntuales insumos para que la inclusión social, la economía productiva alejada del rentismo petrolero y para que la opción comunal a la que aspiramos en esta ampliación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) puedan avanzar por una senda que no agreda la diversidad ecosistémica, genómica y cultural: materialidad y espiritualidad de lo vivo en sistémica interdependencia altamente amenazada por la economía capitalista neoliberal y sus múltiples híbridos disfrazados de desarrollo y progreso.

                En este sentido vital acotar que la aspiración que nos mueve es la de trascender este sistema capitalista asfixiante y altamente negador de lo diverso, de lo vivo, de lo ancestral con su afán patológico y necrofílico de vínculo a la muerte, a la tensión permanente, a la guerra.

                Aspiramos pues hacer colectiva la transición hacia un estadio sociocultural, económico, político  donde prive la creatividad y el vínculo con la naturaleza permanente para la solvencia de graves problemáticas que el ser humano en su tránsito por este plano debe aprender a ejecutar sin lacerar su propia integridad, ni la de las demás especies vivas interconectadas en la trama ecológica escala planetaria (de la cual somos una especie viva más) y así trascender hacia estadíos más dignos. Una sociedad que asuma como libro y guía común una matriz que sirva de base plena a toda aspiración libertaria en este presente y futuro por venir sin desconocer la convulsa y luminosa ancestralidad que nos ha legado el ser fuerzas expansivas de la poética creadora de nuevos y mejores destinos colectivos.

              A continuación presentaremos las propuestas ecosocialistas que consideramos son todas transversales a los nueve objetivos programáticos  propuestos por el Presidente Nicolás Maduro en el decreto 2.830 el 01 de mayo de 2017, pues, insistimos en ello, son garantes de toda expresión vital, libertaria que desde lo emergente económico, socio cultural y político aspire a ampliar las importantes garantías y derechos de la CRBV ya promulgada en el año 1999 por el Presidente Hugo Chávez en Venezuela.

• Agua (economías emergentes y salvaguarda de cuencas hidrográficas) La no privatización del vital líquido. Primera dimensión: El agua para la vida. Segunda dimensión: El agua como derecho humano y no como mercancía (Mesas Técnicas de Agua ¿alguna mención en la CRBV? / ¿vínculo con el tercer objetivo programático propuesto para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)?).

¿Cabe la posibilidad de una política pública efectiva de salvaguarda popular/comunal de las cuencas hidrográficas que contemple el adiestramiento / capacitación / formación  de jóvenes presentes en espacios ecosistémicos amenazados para la salvaguarda territorial, preservación, mejoramiento de las condiciones hídricas  y  producción del agua con  fines de consumo humano y posible uso agroecológico con el objeto  de respaldar las políticas de soberanía alimentaria?

La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en el Capítulo Segundo (De los Derechos Fundamentales) en su artículo 16 I señala que: “Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.” Debemos revisar la posibilidad de proponer la inclusión de este derecho fundamental al agua y la alimentación en nuestra CRBV en el marco del Título III (De los Derechos Humanos y Garantías y de los Deberes) (¿Capítulo I.  Disposiciones Generales? –Artículos del 19 al 31-) ó del artículo 304 (Título VI Del Sistema Socioeconómico) Capítulo I (Del Régimen Socioeconómico y la Función del Estado en la Economía)

La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en el Capítulo Segundo (De los Derechos Fundamentales) Artículo 20. I señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”. Y para mayor especificidad en su tercera parte destaca: “(III) El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley”. Debemos revisar la posibilidad de proponer la inclusión de este derecho fundamental al agua con esta interesante y digna contundencia del constituyente boliviano en nuestra CRBV en el marco del Título II (De los Derechos Humanos y Garantías y de los Deberes) (¿Capítulo I.  Disposiciones Generales? –Artículos del 19 al 31-)

 La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia ofrenda importantes insumos para el debate de salvaguarda y defensa efectiva y soberana del vital líquido. En ese sentido el  Capítulo Quinto (Recursos Hídricos) señala en sus artículos:

Artículo 373. I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.

Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos.

II. El Estado reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, el manejo y la gestión sustentable del agua.

III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles.

Artículo 375. I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.

II. El Estado regulará el manejo y gestión sustentable de los recursos hídricos y de las cuencas para riego, seguridad alimentaria y servicios básicos, respetando los usos y costumbres de las comunidades.

III. Es deber del Estado realizar los estudios para la identificación de aguas fósiles y su consiguiente protección, manejo y aprovechamiento sustentable.

Artículo 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población.

Artículo 377. I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos hídricos garantizará la soberanía del país y priorizará el interés del Estado.

II. El Estado resguardará de forma permanente las aguas fronterizas y transfronterizas, para la conservación de la riqueza hídrica que contribuirá a la integración de los pueblos.

Debemos revisar la posibilidad de proponer la inclusión de ¿un capítulo? en nuestra CRBV que sea capaz de develar y constitucionalmente salvaguardar al agua como elemento vital cada vez más amenazado por el cambio climático a escala global propiciado por la sobrecalentada economía irracional  del capitalismo neoliberal.

Se propone que la puesta en marcha de proyectos/planes comunales de reforestación de cuencas con especies forestales autóctonas  sea una política pública a destacarse y a vincular con las opciones económicas a hacer viables para los jóvenes (octavo objetivo programático vinculado a la juventud – derecho a un trabajo digno- ANC 2017) así como para comunas conformadas mayormente por poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes ampliamente conocedoras de la historiografía y ecosistémica local. 

• Biodiversidad (alimentación / medicamentos de origen animal, botánico, fúngico y bacteriano) Reconocemos los importantes avances y logros plurales de la Estrategia Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica 2010 - 2020 y su Plan de Acción así como el emergente, inédito y popular saldo organizativo de los 6 Congresos Venezolanos de Diversidad Biológica promovidos por la fuerza constituyente estratégicamente articulada con el poder constituido.Salvaguarda popular/comunal de la biodiversidad como opción de manejo integral sin desconocer la base espiritual (cosmovisión) ligada a la materialidad biodiversa.  

• La Misión Árbol como política pública revolucionaria del Estado Bolivariano Venezolano debe tener rango constitucional (tercer objetivo programático ANC 2017) para seguir garantizando la reforestación de nuestras cuencas hidrográficas y ciudades y así propiciar la integridad ecológica de nuestros bosques urbanos y periurbanos como sumideros de carbono, como espacios de recreación y esparcimiento propicios para la alfabetización ecológica efectiva y como territorialidades ecológicas que den cobijo a los pueblos campesindios y afrodescendientes que viven en nuestra nación.

La Misión Nevado como política pública revolucionaria del Estado Bolivariano Venezolano debe tener rango constitucional (tercer objetivo programático ANC 2017) para seguir garantizando la defensa no solo de felinos y caninos (considerados sujetos con derecho) sino de todas las especies vivas presentes en nuestro territorio. 

Debe evaluarse la posibilidad de abolir en toda la nación la práctica de las corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perros, toros coleados y demás prácticas lesivas de la integridad animal so pretexto de formar parte de un entramado socio cultural que debe mantenerse y respetar. Ninguna expresión artística debe basarse en un uso irracional de dolor hacia otras especies vivas con fines de entretenimiento y lucro de unos pocos. La sociedad de paz que pretendemos erigir no debe ser genuflexa con estas prácticas harto denunciadas por colectivos ecologistas, animalistas a nivel nacional e internacional.

Sobre la salud y su vínculo con la biodiversidad y la cultura:

La Constitución del Estado Pluricultural de Bolivia en el Capítulo Segundo (De los Derechos Fundamentales) en su artículo 18 III señala: “El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno”. Debemos revisar la posibilidad de proponer la inclusión de la categoría intercultural en nuestra CRBV en el marco del Capítulo V (De los Derechos Sociales y de las Familias) en específico en el  artículo 83.

La Constitución del Estado Pluricultural de Bolivia en el  Capítulo Quinto (Derechos Sociales y Económicos, Sección II Derecho a la Salud y a la Seguridad Social) destaca en los  artículos 41 y 42 lo siguiente:

Artículo 41. I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos.

 II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y, en su caso, determinará su importación. 

III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual y comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera generación.

Debemos revisar la posibilidad de proponer una conquista constituyente de tal magnitud en nuestra CRBV en el marco del Capítulo VI (De los Derechos Culturales y Educativos) específicamente en el artículo 98 referido al reconocimiento y protección por parte del Estado de la propiedad intelectual (obra creativa, científica, tecnológica y humanista) pero que dicho reconocimiento y protección (con rango constitucional) no esté por encima del derecho del pueblo a acceder a los medicamentos.

Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio.

Debemos revisar la posibilidad de proponer una conquista constituyente (aquí subrayada) de tal magnitud en nuestra CRBV en el marco del Capítulo VI (De los Derechos Culturales y Educativos) específicamente en el artículo 98 referido al reconocimiento y protección por parte del Estado de la propiedad intelectual (obra creativa, científica, tecnológica y humanista).

• Hábitat /Vivienda (auto-construcción y bio-construcción) La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) como garante del derecho al hábitat y a la vivienda digna de las y los venezolanos debe tener rango constitucional  (tercer objetivo programático ANC 2017) y promover que las viviendas sean diseñadas en base a las condiciones eco materiales y climatológicas  locales (bioconstrucción) y a los conocimientos de autoconstrucción de viviendas presentes y ampliamente recreados en el seno de nuestros pueblos.

• Territorialidades  (indígenas, campesinas y afrodescendientes) Existen contundentes y rigurosas pruebas que deben propiciar un debate sobre la necesidad de considerar a las poblaciones afrodescendientes y campesinas (con una cosmovisión particular generadora de territorialidad histórica, con usos y costumbres conformadores de la multietnicidad y pluriculturalidad ) en un capítulo que destaque y propicie el protagonismo y la soberanía  en la toma de decisiones (consulta previa sobre acciones del estado – gobierno a ser ejecutadas en tales territorialidades) sin disminuir y restringir la progresividad alcanzada con la CRBV del año 1999 cuando solo pudo avanzarse en este aspecto tan medular y tan vital solamente en el caso de los pueblos y comunidades indígenas presentes en Venezuela.
• Las luchas campesinas y afrodescendientes contra el latifundio (y otras formas de expropiación y des-territorialización) que históricamente ha contenido de manera violenta la fuerza expansiva y vital de estos acervos cosmovisionarios y culturales deben ser considerados desde una profunda visión pluricultural (intercultural) y  ecosistémica pues son los pueblos y comunidades los que, sin mayores insumos científico técnicos o académicos, han sabido librar dignas luchas para contener avanzadas erosivas del capital nacional y trasnacional contra la biodiversidad y la integridad cultural presente en dichas territorialidades.
• Acá no se trata de  volver a atizar el debate de la fragmentación del Estado Nación (herencia pura del Estado Burgués que estamos llamados a derribar con sentipensante accionar) sino de hacer justicia a la posibilidad de que la toparquía sea efectiva y la misma tribute de manera concertada, comunal y libertaria a la salvaguarda de ecosistemas y de medios de producción en manos del soberano.
• La Constitución del Estado Pluricultural de Bolivia en el Capítulo Cuarto (Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos), en su artículo 30 III (Numeral 15) destaca que las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan del derecho: “A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”.
• Debemos revisar la posibilidad de proponer con efectivo esfuerzo la inclusión de la consulta previa obligatoria (tal y como está planteada en el Estado Plurinacional de Bolivia) como derecho de nuestros pueblos indígenas (campesindios y afrodescendientes) en nuestra CRBV en el marco del Capítulo VIII (De los Derechos de los Pueblos Indígenas) específicamente en el artículo 120.
• De surgir alguna contrariedad referida a la dimensión cultural afrovenezolana y su presencia histórica en territorios de nuestra matria podemos esgrimir con contundencia lo que sabiamente el constituyente boliviano logró en el artículo 32 Capítulo Cuarto (Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos) de su Constitución: Artículo 32. El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
• De igual manera La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en el Título II (Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio) Capítulo Primero (Medio Ambiente) en su Artículo 343 señala: “La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser  consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente”.

• Ciudades  (espacialidades donde priva el consumo y la tensión de la sobrevivencia humana) La desconcentración y el integral y participativo ordenamiento territorial de las urbes ya existentes y por venir debería debe dar cabida a un capítulo en la CRBV que permita sumar insumos para la contención de espacialidades urbanas castradoras de la vida perdurable, de la vida digna.

La estadística proveniente de censos de alcance nacional revelan un creciente fenómeno de urbanización en zonas con provisiones de insumos alimentarios deficitarios (altamente dependientes de ecosistemas productivos cada vez más lejanos) y con provisiones de agua cada vez menores (son dramáticos y ya casi normalizados los  permanentes llamados a hacer un uso consciente del vital líquido) en las crecientes ciudades y conurbanidades.

Las ciudades por venir deben ser asumidas como los espacios de la participación política, de la producción de la mayor cantidad de insumos para la vida digna alcanzada y por alcanzar (alimentos, medicamentos, ropa) en el marco de la Revolución Bolivariana de Venezuela.

Las ciudades no pueden ser telones de fondo de la insania y la patologización del oficio cotidiano de existencia. Es en las ciudades donde debemos propiciar ejercicios colectivos, concertados, planificados, gozosos de dignificación del nuevo sistema sociopolítico, económico y científico técnico que se aspira a erigir desde diversas escalas y dimensiones (ecosocialismo del siglo XXI).

Es en la ciudad donde confluyen enfoques, visiones, cosmovisiones la más de las veces en pugna y en creciente y erosiva homogeneización para hacerlas sucumbir ante la lógica maleva del capital especulativo.

El planteamiento esbozado en el cuarto objetivo programático (ANC 2017) referido a la ampliación de las competencias del Sistema de Justicia para erradicar la impunidad de los delitos sin duda obedece a un grande tema aún no evaluado con diáfana profundidad que no es más que la necesidad de que los constituyentistas debatan/legislen sobre la actual ciudad punitiva, la ciudad como escenario de pugna permanente toda vez que ella misma no ha sabido deslastrarse de esa inercia que le propinó el capitalismo desde tiempos muy remotos ya.

La aspiración de una ciudad vivible vinculada conscientemente con la materialidad ecosistémica  (que la tiene y que le da vida sin exigir nada a cambio) y con sus habitantes /defensores debe llevarnos a derivar de este debate propuestas legales, de políticas públicas que articulen la posibilidad de diseñar escenarios (y tiempos) donde las nuevas economías emergentes, los nuevos actores sociales emergentes sean protagonistas de la apropiación de los espacios públicos y así ir en paulatino y efectivo esfuerzo colectivo derrotando el latifundio urbano, y al ocio como germen de delincuencias (por solo mencionar dos agravados temas de la contingencia urbana) a partir de iniciativas que den cabida a la juventud (octavo objetivo programático (ANC 2017)) a las comunidades/ colectivos organizadas, consejos comunales y comunas presentes en la urbe siempre respaldadas en instituciones educativas (primaria, secundaria y universitaria) así como en entes ministeriales (o misiones con rango constitucional – tercer objetivo programático ANC 2017-) para planificar y sectorizar la recuperación de estos cúmulos urbanos de tensión y derrota de la esperanza convivencial.

Revisar propuestas hechas en el contexto de la Reforma Constitucional del año 2007 adelantada por el Presidente Hugo Chávez Frías. Artículo 18. Hacia la ciudad eco - socialista (aportes de la geografía humana, geografía radical) 

• Agroecología  (soberanía alimentaria) ¿Cabe la posibilidad de una política pública efectiva de salvaguarda popular/comunal de las cuencas hidrográficas que contemple el adiestramiento y capacitación de jóvenes presentes en espacios ecosistémicos amenazados para la salvaguarda territorial, preservación, mejoramiento de las condiciones hídricas  y  producción del agua con  fines de consumo humano y posible uso agroecológico con el objeto  de respaldar las políticas de soberanía alimentaria?

La inclusión de la palabra agroecología en el artículo 305 de la CRBV debe evaluarse.

• Reimpulso/Ampliación del uso de alternativas energéticas (hacia la conformación de territorios energéticamente autónomos a partir de la energía solar y la energía eólica). En este sentido debemos incidir en la consideración de un fuerte reimpulso que sea capaz de revitalizar los parques eólicos existentes en el país: El Parque Eólico de Paraguaná (Estado Falcón) y el Parque Eólico de la Guajira (Estado Zulia) como espacios donde se estaría materializando un importante apoyo al Sistema Nacional Interconectado de Energía (controlado por Corpoelec). La propuesta definida por los investigadores zulianos Alejandro López y Nelson Muñoz denominada Territorios Energéticamente Sustentables (TES) es un importante insumo para científica y políticamente generar alternativas al actual modelo eléctrico centralizado.  
• Debe saberse que  “…es estratégico por razones de seguridad nacional diversificar la matriz energética nacional (MEN), debido a que significa un riesgo depender en porcentajes tan altos de un solo tipo de fuente energética (hidroeléctrica)” y para dar cabida a una necesaria, ecológica y soberana sociedad capaz de avanzar hacia el ecosocialismo, hacia la emergente economía post rentista y hacia el estado comunal con fuerza y certeza amparada en las capacidades de comunidades pedagogizadas y sabiamente conscientes de su rol en la conformación de una nueva matria menos dependiente del extractivismo y la minería de combustibles fósiles (carbón fundamentalmente) que ya sabemos y está harto comprobado en nuestra nación, no genera aportes significativos al PIB nacional y sí muchos pasivos ambientales que comprometen nuestra biodiversidad, nuestras fuentes de agua en el nor occidente venezolano (Cuenca Hidrográfica ríos Guasare y Socuy del Estado Zulia) así como la estabilidad socioproductiva y cultural de pueblos indígenas wayuú y añú de la bio región Estuario / Lago de Maracaibo.  

• Revisar la posibilidad de incluir en el artículo 127 Capítulo IX (De los Derechos Ambientales) de la CRBV: “…El Estado impulsará y/o ampliará  el uso de las alternativas energéticas reduciendo la dependencia interna de los combustibles líquidos, contribuyendo a la reducción de riesgos asociados al suministro y a la liberación de combustibles para la exportación”

Analizando el Título VI (Del Sistema SocioEconómico), Capítulo I Del Régimen Socioeconómico y de la función del Estado en la Economía) encontramos el artículo 299 de la CRBV que proponemos debe dialogar con la Política 22 de la LEY PLAN DE LA PATRIA 2013-2019: “Impulsar un cambio en la matriz de fuentes de generación de electricidad favoreciendo el uso de energías limpias”. Para esta política se asumió como programa lo siguiente, aún en mora con la sociedad venezolana:

Expansión de parques eólicos, sistemas fotovoltaicos, centrales mini hidroeléctricas y centrales de biomasa en el país.

Sistemas con fuentes alternas de energía en Comunidades Aisladas Indígenas y Fronterizas.

Otra política clave a considerar es la Política 28 presente en la LEY PLAN DE LA PATRIA 2013-2019: Diversificar la matriz energética de la Nación: “Ampliar el uso de las alternativas energéticas reduciendo la dependencia interna de los combustibles líquidos, contribuyendo a la reducción de riesgos asociados al suministro y a la liberación de combustibles para la exportación”. Para esta política se asumió como programa lo siguiente:

Incrementar el empleo del gas natural como combustible en la generación de electricidad y liberar diesel para su exportación.

Sirvan estas puntuales consideraciones (trenzadas a una incipiente gana de hacer legislación comparada) como humildes insumos para el debate que estamos todas y todos llamados a dar desde la firme convicción de una militancia ecosocialista venezolana, nuestramericana y planetaria en salvaguarda de la vida perdurable en los tiempos actuales y por venir.

Seamos capaces juntos de leer este tiempo histórico (desde sus múltiples escalas y dimensiones) y sus demandas sin perpetuar quiebres, dolencias y farsalias en nada sanas para ayudar a emerger y a manifestarse la grande propuesta diversa y plena de una matria con horizontes ecosocialistas.

.Paz.