lunes, noviembre 15, 2010

La Hoja de Ruta de los Jesuitas

acompañamos a Sabino y al pueblo nación Yukpa de la sierra de Perijá

Sociedad Homo et Natura

No vamos por ahora a abordar el contexto en el que se enmarca la suspensión de la Huelga de Hambre Indefinida del Hermano Jesuita José María Korta, menos aún la aparición de la Hoja de Ruta a presentar al Presidente de la República Hugo Chávez, estos asuntos serán abordados en otro documento de más colectiva reflexión y elaboración, sólo esta vez tocaremos brevemente el contenido de dicha hoja, y cuanto significa en la memoria de las luchas que hemos acompañado durante 25 años.

No estamos de acuerdo con el contenido de la Hoja de Ruta que aparecida en última hora decidió entregar como propuesta sentida de los reunidos indígenas y no indígenas el movimiento Jesuitas que acompaña al Hermano Korta por ser expresión persistente aún y en gran medida de la política indigenista militar fronteriza y social colonial que siempre hemos combatido al Estado gobierno venezolano en todos los momentos de su historia y sus aliados compromisos de turno.

1. No creemos que para la existencia de la paz en la frontera o construir “una relación armónica entre los miembros de las Fuerzas Armadas y las comunidades indígenas” los pueblos o naciones indígenas deban convertirse en los impulsadores o guardianes de la doctrina militarista de Seguridad Nacional del Estado Nación venezolano, mucho menos en la frontera de este país sometida a una guerra de cuarta generación soportada por intereses económicos imperiales transfronterizos.

Acordar o pretender hacer parecer que se le propone al Estado Gobierno convertir a los pueblos indígenas de estos espacios, donde existen en exceso hasta cinco ejércitos como en el estado Apure, volverse “los ojos de las Fuerzas Armadas” es simplemente decretar su exterminio cultural y físico. Asumir públicamente que el camino de estas comunidades sea ser “aliados en las labores de inteligencia” de las Fuerzas Armadas es un acto irresponsable, por decir lo menos. En evidencia, esta propuesta sólo cristaliza la alucinación equivocada y ventajista del ministro de la Defensa y los intereses mineros que se han trepado a este pilar del poder, en ellos hoy los ministros El Aissami y Maldonado.

Señores no se trata simplemente de capacitar los militares en fronteras en la antropología particular de cada pueblo indígena venezolano, colombiano o brasileño existentes, se trata en cambiar la política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado Nación soportada en una visión de estado capitalista colonial, atrasada en todo sentido, defensor de proyectos económicos financieros extractivos viales portuarios globalizados (IRRSA y PPP, nuevos rostros del Alca en Venezuela filtrados a través de los llamados Ejes de Desarrollo), en nombre de la alianza estratégica económica energética de los Estados Nacionales del continente, en donde los pueblos indígenas y sus territorios autónomos son la principal piedra de tranca para su implementación.

Apoyar a través de esta Hoja de Ruta la política militar extractiva minera energética portuaria vial del Estado gobierno en estos espacios o territorios indígenas a través de darle un sí a la construcción de Base Militares raya con los esfuerzos colectivos de la construcción del estado de bienestar alcanzado por y desde la visión o visiones de los pueblos indígenas en el continente. En el estado Zulia son varios y antiguos los esfuerzos de los pueblos Barí, Yukpa o Wayúu de negarse a la construcción de dichas Bases Militares en donde el Estado considera “indispensable su instalación”. En la comunidad el Tukuko fue feroz el escenario reciente que conllevó la paralización de la construcción de una de esas Base Militar y de la discusión de varios días entre los líderes Yukpa y las maniobras y argumentaciones en vivo por parte de los ministros asistentes Nicia Maldonado, Héctor Soto y Diosdado Cabello, entre otros funcionarios. Una semana duró la digna resistencia del pueblo Yukpa del Tukuko, sus argumentos íntegros, virtuosos, inquebrables, históricos no fueron silenciados, hoy el intento oculto de aquella base militar es un centro educativo desde lo Yukpa.

También en el río Socuy, donde las comunidades Wayuu con sus propios cuerpos han resistido contra la instalación de una Base Militar dentro de la implementación del Teatro de Operación Nº 5, donde el dador de todo el apoyo oscuro ha sido Corpozulia y sus demás empresas extractivas de carbón, que han pasado por pretender quebrar y corromper a fuerza de dádivas vergonzantes la voluntad, el juicio, el razonar justo y legítimo de los habitantes del Socuy, desplazados de sus primeras tierras, Guasare (o Guasale como dicen los viejos) con la fuerza y la colaboración del ejército, la Guardia Nacional, y las policías de turno para la apertura de esa vergüenza ambiental y humana llamada Minas del Guasare.

La resistencia de los pueblos indígenas contra las fuerzas militares está en su memoria, no sólo en la imagen del soldado que lleva el ganadero en el cajón de su vehículo como un peón más del territorio robado que ellos llaman hacienda, está en la memoria del soldado o el guardia que le dispara, que le mata, que le viola, que le corrompe, que le roba, que le denigra y le mira con asco su diferencia.

2. No estamos de acuerdo con la idea de los Concejos Comunales, aunque pretendan funcionar bajo el control de los sabios, ancianos o autoridades indígenas legitimas. Pues nuestra reflexión y preocupación está en que en el modo en el que han sido concebidos han terminado siendo un instrumento de control y manipulación del Estado, que, más allá de del caos que genera la plata entregada a realazo ha servido para quebrar comunidades, dividirlas, y más peligroso y no fortuito, desplazar sus estructuras tradicionales de organización autónoma, sus voces principales, poniendo a la cabeza de la autoridad una forma de funcionariado de turno presto, a negociar las primeras exigencias de los pueblos, por las dádivas inmediatas y menos comprometidas.

Hablamos con preocupación, nos atrevemos a decir que hablamos desde la razón, estas peticiones que parecen un simple ceder en las tareas de pactar con el Estado, no son nada inofensivas al margen de los intereses que de antemano sabemos y hemos vivido.

La política de control social desde los consejos comunales y la bases militares en el corazón de los territorios indígenas, son dos concesiones claras, negociadas, entregadas en esta Hoja de Ruta, no sólo lo dice entre líneas la redacción de ambas ideas en el documento, ni la alevosía en la que aparecen y se imponen quebrando el acompañamiento que dio forma a la marcha del 8 de noviembre de 2010, lo dice lo que persigue.

Ni siquiera el propio Estado se habría atrevido a extender públicamente tal solicitud, abría sido inconveniente, la peor de las grosería tramadas contra los siempre pueblos indígenas. Que apareciera, que aparezca en la Hoja de Ruta, es la legalización, la legitimación de la criminal una propuesta que pretender penetrar, quebrar y convertir en sapos de las policías a los indígenas. Aún tal vez no se alcance a ver las dimensiones de lo que brevemente exponemos entre estas líneas.