El Estado burgués, a contramarcha de la revolución, continúa criminalizando la lucha popular Organizaciones de derechos humanos llevadas a juicio por apoyar a los Yukpas

 Niños Yukpas durante protesta de sus familias ante el TSJ en Caracas.

El próximo 7 de febrero se iniciará un juicio contra la Sociedad Homo Et Natura, defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas y contra el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, y por apoyar una protesta indígena Yukpa que se efectuó en el año 2010 frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El 21 de julio de 2010 familias indígenas del pueblo  Yukpa, integradas por madres, padres, niños, niñas y adolescentes, se apostó a la entrada del TSJ, luego de viajar desde la sierra de Perijá para protestar por la usurpación de sus tierras ancestrales, contra el sicariato y  contra el hostigamiento judicial-represivo a sus líderes. De esta manera ejercían su derecho constitucional a manifestarse pacíficamente. El pueblo Yukpa reclamaba el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual dispone que las autoridades legítimas de los pueblos indígenas podrán aplicar en su hábitat instancias de justicia, con base en sus tradiciones ancestrales y exclusivamente para sus integrantes.

La organización Homo Et Natura, conocida por su apoyo a los indígenas desde hace muchos años, emitió comunicados solidarios y Provea, difundió por la Web la convocatoria del pueblo Yukpa a acompañar a esta comunidad indígena, con sus mujeres, ancianos, niños y jóvenes en la lucha por sus derechos. Decenas de organizaciones populares de Caracas y de otras partes del país se solidarizaron y se hicieron presentes ante el TSJ.  Uno de los reclamos principales de los Yukpas fue que el cacique Sabino Romero y otros dirigentes indígenas, acusados por la justicia ordinaria a raíz de enfrentamientos suscitados con ganaderos y terrófagos en sus territorios, fuesen juzgados por la justicia indígena, tal como lo establece el artículo 260 de la Constitución Nacional y no por la justicia ordinaria.

Como lo reseña La Guarura, expresión digital de colectivos militantes que apoyan luchas populares y que se han solidarizado con los Yukpas, a consecuencia de esta movilización, en fecha 27 de julio de 2010, fue introducida una  acción de protección por el abogado Ramón Liscano, actuando en su carácter de Fiscal Centésimo Sexto (106 º) del Ministerio Público, a favor del grupo de niños, niñas y adolescentes que formaban parte de la concentración a las afueras del TSJ.

El fiscal solicitó que los niños, niñas y adolescentes fueran devueltos al “ambiente propio de su cultura” y que se estableciera la responsabilidad de la Sociedad Homo Et Natura y Provea por el presunto traslado ilícito de los mismos a los fines de ser utilizados en una protesta en la cual no tenían un interés legítimo, llegando incluso a afirmar la utilización de los mismos como “escudos humanos” entorpeciendo así las actividades del TSJ. Ver: http://laguarura.net/2013/01/18/a-juicio-provea-y-sociedad-homo-et-natura-por-apoyar-protesta-indigena/

La nota de La Guarura, señala que tanto las acciones realizadas por Provea como por la Sociedad Homo et Natura fueron encaminadas a concretar y fortalecer acciones de exigibilidad de derechos del pueblo Yukpa, en el marco de sus usos y costumbres y que no reconocer estas particularidades en la movilización del pueblo Yukpa, se traduce, como consideran que en efecto sucedió,  en la criminalización de la protesta pacífica de los pueblos indígenas y de las organizaciones que apoyaron la causa.

Voceros vinculados a esta causa informan que también serán llevadas a juicio varias madres de niños Yukpas, por haberse trasladado con sus hijos y haber acampado a las puertas del TSJ junto a otros miembros de su comunidad en lucha. Consideran como una grosera expresión de la vieja justicia burguesa, “goda hasta la médula”, impregnada de “colonialismo criollo” y profundamente hipócrita, legada por la IV República con la que no se termina de romper definitivamente, que se utilice el subterfugio de la supuesta “protección de los niños, niñas y adolescentes” Yukpas, cuando en la sierra les han despojado de sus territorios, asesinan a sus padres y hermanos, atentan contra su modo de vida y su convivencia pacífica, encarcelan a sus luchadores y el poder económico capitalista, con la complicidad de sectores estatales acorralan a esos mismos niños y les impiden vivir con dignidad.

Desde el punto de vista de las organizaciones que acompañan a los Yukpas, el juicio es visto como una retaliación contra los que luchan y en este caso, interpretan que de nuevo  los residuos y rémoras del estado liberal blanco occidental, arremeten contra  la diversidad y contra la Constitución Bolivariana, al no reconocer el estado multiétnico y pluricultural, pues todo el problema es la presencia de las mujeres yukpa con sus pequeños hijos en el Tribunal Supremo (TSJ) pidiendo justicia para sus dirigentes, Sabino, Alexander y Olegario, que se encontraban presos fuera de sus comunidades, lo que llevó a familias integrantes de esta étnia a dormir en una carpa improvisada frente al TSJ durante dos semanas, con sus hijos, a quienes no podían dejar solos en la sierra, por cuanto se movilizaron como pueblo,  y actuaron de acuerdo con las costumbres  y cultura de nuestros pueblos originarios, cosa que estaría ignorando de manera inconcebible el tribunal.

La “hipocresía” de esta forma de concebir la “justicia” resulta tanto más escandalosa para los movimientos populares, cuando en esta revolución bolivariana, se acaba de dejar libres a banqueros corruptos, y se discute al interior del gobierno la solicitud de amnistía de los responsables de la masacre del del golpe del 11 de Abril, los comisarios de la ex Policía Metropolitana,  Forero, Vivas y Simonovis, por lo que los colectivos solidarios con los Yukpas advierten que no van a permitir que organizaciones que defienden derechos humanos y mujeres que andan con sus hijos clamando por justicia, sean llevados a juicio, mientras impera la impunidad para sicarios que han matado a los Yukpas, a centenares de luchadores campesinos y se libera a corruptos para complacer a la burguesía.

El hecho de que la organización de derechos humanos Provea haya sido vinculada con la oposición antichavista en otras de sus actuaciones, no deslegitima ni le quita razón a la causa indígena, ni invalida el apoyo a esta lucha justa, pues en este caso la posición de Provea se colocó en el lado correcto. El resto de las organizaciones que han venido apoyando a los Yukpas se identifican con el proceso revolucionario bolivariano y defienden lo que en materia de derechos indígenas fue conquistado a través de la nueva Constitución de 1999, después del primer triunfo electoral de Chávez y con el proceso constituyente.

 

Nuevamente, las organizaciones populares y revolucionarias que han venido brindando su apoyo a los Yukpas, convocan a acciones solidarias y llaman a rechazar el juicio contra las madres Yukpas, Provea y Homo et Natura. Anuncian protestas y exigen suspensión del juicio (Sala 8 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) y las imputaciones criminalizadoras de la lucha popular e indígena, entendidas a su vez como lesivas a la libertad de expresión ejercida por organizaciones y luchadores sociales.

Tomado de: http://www.aporrea.org/ddhh/n221881.html