Revocada la defensa pública de Olegario Romero y suspendida de nuevo la audiencia Yukpa en Trujillo.

Homo et Natura/ nota de prensa

Para este jueves 19 de agosto fue de nuevo suspendida la audiencia por el caso de los Caciques Yukpas y otro miembro de la comunidad, donde el Cacique Olegario Romero hoy preso en la Carcel Nacional de Trujillo, revocó a su defensora pública la abogada Marlyn Osorio quien venía asistiendo el caso desde noviembre del año pasado, y para lo cual se contrata la defensa privada para dicho cacique.

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Nota documental: La familia de Olegario Romero y la comunidad de Wamo Pamocha, desde el inicio de esta crisis ha sido presionada por funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio Indígena para deslindar de la comunidad de Chaktapa liderada por Sabino Romero. Los esfuerzos de dirgentes yukpas de otras comunidades lograron unir la defensa de los presos y la movilización a su favor, sin embargo hoy los familiares de Olegario ceden ante la presión y las ofertas de la burocracia.

Este drama doloroso de describir, que desdice de la condicón humana de estos perros de presa de las transnacionales, se evidencia en la carta de Daysy, esposa de Olegario al retirarse un día antes de la decisón del TSJ de la toma yukpa de presión, despues de conversar en privado con varios funcionarios: http://www.elpueblosoberano.net/2010/07/carta-de-daxi-romero-esposa-de-olegario-a-lusbi-portillo/

La comunidad de Wamo Pamocha luchaba por la recuperación de las tierras yukpa en la Cuenca del Yaza y su cacique Olegario, acompañaba a Sabino en su lucha. A partir de la relación establecida con funcionarios gubernamentales esta relación se rompió y Olegario se hizo eco de las acusaciones y de la campaña contra Sabino Romero, situación que devino en los hechos de violencia del 13 de octubre de 2009.

Las organizaciones sociales y dirigentes yukpas del Yaza, de Rio Negro y del Tokuko, han señalado que el gobierno intenta desmantelar la lucha por el territorio para imponer una demarcación que abra paso a la instalación de la minería transnacional en esas tierras del pie de monte de Perijá. Hasta el día de hoy nadie en el gobierno ha desmentido este señalamiento y han continuado obrando en consecuencia.

La defensa de Sabino Romero y Alexander es particular, pero sostenida militantemente, solidariamente por abogados especialistas y comprometidos con el derecho de los pueblos indígenas y con los derechos humanos, la defensa de Olegarío era pública, pero muy favorable a la solicitud de la jurisdicción especial indígena, principal argumento de unidad de la defensa. Ahora su defensa pasa a ser privada y todo indica que será contratada desde los grupos de interés que operan en el Ministerio del Interior, liderado por el Ministro Tarek El Aisami.
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Esta es la segunda suspensión desde que el caso fue radicado a la ciudad de Trujillo por la decisión arbitraria del Cnel (re) y Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia Dr. Eladio Aponte Aponte, donde, alegando conmoción social y ciertos criterios para afirmar desde la Sala de Casación Penal “ordena remitir el expediente al Circuito Judicial Penal del estado Trujillo” y “el traslado de los ciudadanos Sabino Romero Izarra, Olegario Romero Romero y Alexander Fernández Fernández, con carácter de urgencia y con las medidas de seguridad que el caso amerite, al Circuito Judicial Penal del estado Trujillo” a más de 400 kms de sus comunidades de origenen la Sierra de Perijá, ya que no existe este supuesto movimiento de intensa presión y de opinión en el Zulia que amerite el “resguardo de las partes intervinientes en la presente causa” que pudiese impedir “garantizar una aplicación de la justicia responsable y expedita”.

La Sociedad Homo et Natura, organización ecologista y de derechos humanos por los Pueblos Indígenas de la Sierra de Perija afirma que (en el Zulia) en ningún momento hay fuerza de calle o de influencia política que ayudase a crear un ambiente que pudiese influir “sobre los jueces y demás operadores de justicia, intereses locales que vulneren su incolumidad, preservando así la correcta administración de una justicia libre de obstáculos que puedan interferir en su imparcialidad y autonomía”.

Este miércoles en horas del medio día el Juez Moreno Matheus, segundo de control en el circuito penal del Estado Trujillo difirío la audiencia preliminar correspondiente para el próximo martes 24 de agosto del presente año. Los abogados de la defensa siguen sosteniendo la incompetencia de este tribunal para asumir los casos de justicia indígena donde resultaron afectados solo miembros del pueblo Yukpa, dentro de sus propias comunidades y para lo cual cuentan con autoridades legítimas orientadas a resolver todos estos casos, aperando así el artículo 260 de la Constitución Bolivariana.