Los Yukpa, el Fiscal Víctor Valbuena y la justicia en el Estado burgués venezolano

Sociedad Homo et Natura

El Gobierno designó siete fiscales del Ministerio Público con sede en Maracaibo y Machiques de Perijá del estado Zulia: Víctor Raúl Valbuena, Abigail José Rodríguez Jiménez, Jhovan Molero García, Marco Antonio Perrota, José Luis Rincón Rincón, Ana Cecilia Lugo Gil y Santa de Jesús Frascarella Villalobos para imputar a dos de los dirigentes indígenas más representativos del pueblo Yukpa en su lucha por hacer valer la autodemarcación y recuperación de su territorio originario, a saber los Caciques Sabino Romero Izarra de la comunidad Chaktapa y Olegario Romero Romero de Guamo Pamocha, así como al indígena Wayuu Alexander Fernández Fernández de la comunidad Yukpa Kusare.

Estas actuaciones del Estado gobierno se impusieron a través de la Jueza Judith Esperanza Rojas del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá y posteriormente a través de los Jueces Juan José Barrios, Gladis Mejías Zambrano y Rafael Roja Rosillo de la Sala 2 de la Corte de Apelación de Maracaibo al negar la competencia de la Jurisdicción Indígena Yukpa para conocer del caso tal como lo argumentaron sus abogados Ricardo Colmenares y Leonel José Galindo. Ahora bien, por considerar que el Estado burgués está violando los derechos colectivos del pueblo Yukpa sus abogados introducirán en enero un recurso de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Ante de entrar en más detalles, es necesario resaltar que Sabino tuvo nueve días secuestrado por el Ministro de Relaciones Interiores y Justicias desde 14 de octubre de 2009 cuando fue trasladado por cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), previa tortura sicológica, y más de sesenta efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército del Hospital Coromoto de Maracaibo para recluirlo sin orden alguna en el Hospital Militar de esta misma ciudad y posteriormente en las misma condiciones de ilegalidad fue trasferido a la Primera División de Infantería del Ejercito Bolivariano de Venezuela, para así presentarlo el 23 de octubre al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá.

Desde el 23 de octubre de 2009 hasta el día de hoy Sabino, esta recluido en el Fuerte Macoa de Machiques, 12 Brigada de Caribes comandada por el General Mateo Rafael Adames Weiland (sustituto del célebre Izquierdo Torres) nefasto lugar donde se encuentran, sus enemigos más acérrimos en sus últimos 24 años de su existencia, los militares, allí sólo le permiten visitas de su mujer e hijos sábado y domingo, y sus abogados lunes y viernes, nadie más lo puede visitar, le suministran agua sucia y contaminada, y poca comida. Periódicamente es sometido a tortura sicológica, tal ha sido la presión que en una de las visitas envió una carta escrita en papel sanitario de su puño y letra donde afirma que unos tenientes lo quieren matar “Te saludo María. El doctor Galindo dijo que en tribunal dijo el juez que Sabino también estaba disparando o sea ella está mintiendo o echando mentira para hundirme. Quiero que hablen directo con Chávez Frías urgente. Dos tenientes me quieren matar”, en otro de las hojas de la carta entrega los nombres de los tenientes Ramírez, Bastidas y Chirinos.

A Sabino se le acusa de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles, en Grado de Determinación, en prejuicio de la adolescente Meriña Romero (muerta) y, al igual que a Alexander Fernández Fernández, de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en Grado de Frustración y en Complicidad Correspectiva, en prejuicio de Juan de Dios Castro (herido) y el adolescente Manuel Segundo Romero (herido); a Alexander también se le acusa de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en prejuicio de Meriña Romero y lesiones Personales en prejuicio de Eddy Romero. A Olegario se le acusa Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles con Complicidad Correspectiva en prejuicio de Ever Romero (muerto) y Homicidio Intencional en Grado de Frustración y con Complicidad Correspectiva en prejuicio de Sabino Romero Izarra, de los niños, su hija Marilin Romero y sobrino Edixon Romero.

A los tres dirigentes indígenas se les acusa del delito de Agavillamiento. Pero el hecho más curioso de estas infundadas acusaciones del Estado materializadas en sus siete fiscales públicos está expresada en el hecho que a Sabino para el mes de octubre de 2009 se le acusaba del delito de Robo Agravado de Ganado en Grado de Frustración previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá, pero al no presentar pruebas los fiscales en el mes de diciembre de 2009 para ir a la Audiencia Preliminar el 15 de enero de 2010, quedó sin efecto dicha acusación, es decir fue un vil montaje estructurado contra Sabino por sectores del Gobierno, de ganaderos de Machiques, de parceleros liderizados por Oscar Carrillo y los medios de comunicación regional; a quien además se le acusaba públicamente de violador y ladrón de enseres. Pero en la zona ha continuado el abigeato y los lideres Yukpa continúan rechazando la Contra Propuesta de Demarcación que presentó el Estado gobierno a través de la comisión de demarcación de las tierras indígenas.

Las pruebas realizadas de Experticia de Análisis de Trazas de Disparo (A.T.D.) no son pruebas contra Sabino, Alexander u Olegario, pues los Yukpa son cazadores y muy a menudo salen de cacería permaneciendo así sobre sus cuerpos trazos de pólvora; tampoco es prueba alguna determinar con certeza científica quien mató o hirió a quien en el supuesto recorrido balístico presentado por el CICPC en estos parajes casi a las ocho de la noche.

Siguiendo la lectura del macabro libreto del Gobierno, luego de estas infundadas pruebas presentadas por las fiscalías del Zulia vendrán las ya encaminadas acusaciones de narcotraficantes y consumidores contra los dirigentes indígenas y de la ONG Sociedad Homo et Natura, para así desvirtuar esta genuina e histórica lucha social contra los megaproyectos mineros de Estado y de las trasnacionales, y por la defensa de los territorios indígenas.

Algunas líneas de esta estrategia fueron ya expuestas por el Viceministro del Ambiente y Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras de las Comunidades y Pueblos Indígenas Sergio Rodríguez en la entrevista realizada por los periodistas L. Mir y W. Ferrer “-¿Continuarán el proceso de demarcación pese a lo sucedido? –No nos vamos a parar, auque haya presión o intereses; los intereses van a seguir actuando. Todo esto lo generan los intereses propios. Continuaremos demarcando pese al conflicto. –Qué intereses puede citar? –Evidentemente hay otros factores que no quieren que se organice esto. Cabe mencionar el tema de la droga; quien domina el territorio, domina el paso de la droga y ese es otro elemento que podría estar generando discordia. Sin culpar a nadie. También hay mucha presencia de colombianos” (Panorama, 23/10/09:3), en los continuos ataques mediáticos realizados por el dirigente parcelero Oscar Carrillo y el Consultor Jurídico de la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA) Luis Chacín después del 13 de octubre de 2009, donde se afirmaba que Lusbi Portillo un día antes de los acontecimientos violentos había subido a llevarle a Sabino municiones y droga, y estar implicado en el robo de ganado.

En medio de esta campaña mediática, de particular manera se asomaron fuertes rumores de orden de aprensión desde el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia contra el coordinador de la Sociedad Homo et Natura profesor Lusbi Portillo por supuesta vinculación con el narcotráfico fronterizo perijanero.

Lo más absurdo de todo esta historieta, es que el Fiscal Víctor Raúl Valbuena era hasta no hace mucho el Fiscal Auxiliar Indígena en los tiempos de la abogada Josefa Camargo, y es al mismo tiempo el Fiscal que lleva aún el caso de la muerte del anciano José Manuel Romero, papá de Sabino, que murió luego de una golpiza ocasionada por el presunto dueño de la hacienda Kusare en compañía de otros hombres armados, donde hoy está asentada la comunidad Guamo Pamocha, caso este que tiene archivado el abogado Valbuena en la Fiscalía 40, ya que sobre el caso del abuelo Yukpa no tiene Valbuena presión alguno de sus superiores de Caracas.

Nada al respecto ha dicho la Asamblea Nacional, ni mucho menos los parlamentarios indígenas. Por esta razón las luchas de los pueblos continúan en las calles, de allí una de las razones que nos llevará a movilizarnos nacionalmente del 8 al 13 de Abril de 2010 y hacer una concentración previa nacional este 15 de enero de 2010 en la Villa del Rosario frente al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá.

Los pueblos o naciones indígenas exigen para poder existir como pueblos diferenciados que el Gobierno nacional venezolano les reconozcan los derechos celectivos Territoriales y la aplicación de la Justicia Indígenas propia de cada pueblo, así como a sus derechos a la Libre Determinación, Autonomía o Autogobierno, a participar en la Adopción de Decisiones en las cuestiones que afecten a sus vidas, culturas y derechos, a poseer, utilizar, desarrollar y controlar los Recursos en sus Territorios, así como sus instituciones tradicionales sociales, políticas, jurídicas, económicas y religiosas.

Esta situación etnocida venezolana es una de las pruebas más de la práctica etnofágica que se practica en América Latina por los Gobiernos, donde el Estado digiere o desaparece como pueblos diferenciados los pueblos y culturas indígenas, fenómeno este estudiado por Héctor Díaz Polanco en su libro Elogio de la Diversidad. El racismo de los Estados Nacionales ya no los asesinan, principalmente se los comen como pueblos diferentes, tal como hoy pretende en Venezuela estos fiscales y jueces, ante el silencio cómplice nacional y de los señores diputados indígenas.

En el siglo XXI, los Estados Plurinacionales deben imponerse a los Estados Nacionales. Esta tarea marcará las luchas de la construcción del Socialismo del Siglo XXI.