Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández Fernández se ponen a derecho de la Jurisdicción Indígena.

Alexander Fernández y Sabino Romero frente a Bolívar

Yo, Sabino Romero Izarra, Cacique Yukpa de la comunidad de Chaktapa y Alexander Fernández Fernández: “Desde hoy martes, 12 de abril de 2011, nos declaramos en desobediencia contra la justicia ordinaria”

1. Expresamos públicamente nuestra decisión de no volver a la Cárcel Nacional de Trujillo donde nos trasladaron por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al simulado juicio que se ejecuta contra nosotros en el Circuito Judicial Penal de Trujillo por considerar que de esta manera estamos aceptando la violación de nuestros propios derechos y la de todos los pueblos indígenas de Venezuela y del mundo.

2. Nosotros somos indígenas y como tales debemos ser juzgados por nuestras propias leyes, por el Derecho Consuetudinario Yukpa como siempre lo hemos hecho sin pedirle permiso a nadie. Sólo que por intereses económicos, políticos y militares de Estado y de pudientes ganaderos organizados en la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), invasores de nuestro territorio, hoy se nos han impuesto arbitrariamente todas las violaciones posibles, negándose con esto la propia Constitución, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Convenios firmados con la OEA.

Nos dividieron e inculcaron odios entre las familias

3. El enfrentamiento entre nuestras familias se debió a la división y el odio inculcados a un sector de nuestras familias por parte del Presidente de GADEMA y su Consultor Jurídico Alfonso Chacín hoy presente en el juicio por ser desde hace unos meses el abogado privado de uno de nuestros hermanos presos y por la injerencia directa de altos personeros del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, de Pueblos Indígenas y del Ambiente en el marco del proceso de demarcación de nuestro territorio (2004-2011) y el pago de las bienhechurías de las haciendas solicitado por el propio Presidente de la República Hugo Chávez Frías, el domingo 24 de agosto de 2009 en un Aló Presidente.

Se montó un juicio simulado para condenarnos

4. Ocurrido el enfrentamiento para frenar de esta manera el proceso de recuperación de nuestras tierras del río Yaza ocupadas a sangre y fuego por hacendados invasores, entre ellos Los Vargas y Chacín (1940-1958), el CICPC por orden ministerial monta un interrogatorio parcializado en un 99% con testigos referenciales de una sola familia en conflicto ­–la familia de Olegario Romero que defiende hoy el ganadero Chacín­­–. Mientras se montan las acusaciones en contra nuestra para levantarnos un juicio, el CICPC me tortura (Alexander) para que a través del terror culpara a Sabino de las muertes, incluida la de su yerno Ever, esposo de una de sus hijas, Guillermina. Por mi rechazo a aceptar este chantaje, yo, Alexander, quedo detenido y acusado de matar a mi esposa, Nireya, que en ese momento se encontraba embarazada, y a Ever, yerno de Sabino.

5. Sobre estas mentiras montadas se estructura por parte de 7 Fiscales del Ministerio Público un mamotreto de 90 páginas llamado Expediente Nº TP01-2010-002649 contra nosotros, donde colocan a Alexander Fernández Fernández como el que disparó contra Nireya y a Sabino Romero Izarra como el que dio la orden de matarla. A Olegario Romero Romero lo acusan de haber disparado, pero como el que disparó una sola vez al aire para salvar de una lluvia de balas (tipo Vietnam como él mismo informó al CICPC) a las familias de su comunidad Guamo Pamocha.

6. Resultando que el Fiscal coordinador Víctor Raúl Valbuena semanas antes venía siendo denunciado por nosotros y la Sociedad Homo et Natura por haber engavetado el expediente contra un miembro de la familia Vargas acusado de haberle ocasionado la muerte a mi padre (Sabino), José Manuel Romero, un anciano de 90 años, en una incursión en nuestra comunidad Chaktapa acompañado de sicarios para asesinarme (Sabino) presuntamente por haberme robado 5 vacas lecheras de la hacienda vecina Kusare, donde hoy es cacique Olegario Romero Romero. Hacienda esta negociada hoy con los Vargas y GADEMA por la familia de Olegario a cambio del servicio que le presta Alfonso Chacín como su abogado privado.

7. El único testigo presencial de la muerte de Nireya Romero, esposa de Alexander, sobrina de Olegario y de Sabino es un menor de edad llamado Eddy, quien al otro día de los sucesos el 14 de octubre de 2009 declara en la sede del CICPC Machiques que Alexander mató primero a Ever y luego a Nireya, pero un año después en el juicio oral realizado en Trujillo afirma que Alexander hirió a Nireya por orden de Sabino, y que Ever salió caminando con Sabino a la comunidad Chaktapa. Este montaje no es un caso aislado, todo lo contrario, forma parte de los testigos preparados por el abogado Chacín; obstaculizando la intervención y objeciones formuladas por nuestros abogados defensores por parte de los fiscales y el juez Antonio Moreno Matheus. El abogado hacendado Chacín se transformó en acusador.

8. El Ministerio Público me acusa, de homicidio calificado en GRADO DE DETERMINADOR, es decir por haber ordenado a Alexander disparar contra su esposa, y esto lo hace a partir de testigos referenciales familiares de Nireya, sobrina de Olegario. El único testigo presencial (Eddy) nada dijo al respecto en el interrogatorio realizada por el CICPC el 14 de octubre de 2009, este hecho de acusarme apareció en el año 2010. Los Fiscales me acusaron a partir de testimonios falsos de testigos referenciales.

9. La descripción de los hechos presentado por la Fiscalía para nada concuerda con la Planimetría levantada por el CICPC, las informaciones dadas en los interrogatorios realizados por el CICPC en octubre de 2009 no concuerdan con las emitidas por los testigos de la familia de Olegario en el 2010. Estas acusaciones de la familia de Olegario contra nosotros comienzan sólo cuando el abogado de GADEMA pasa a ser el abogado de Olegario. Antes de comenzar el juicio, las tres familias permanecíamos unidas, juntos decíamos que este juicio ordinario no lo aceptaríamos, juntos fuimos en julio de 2010 a la toma del TSJ por 10 días para que se pronunciara para comprobar si en nuestro país se respetaba o no la justicia indígena.

10. La estrategia del abogado de GADEMA era dividir las familias del Yaza involucradas en este hecho violento y sacar a Olegario acusándonos a nosotros.

Fuimos encerrados en un Fuerte del Ejército

y en la Cárcel Nacional de Trujillo

11. La jurisdicción indígena defendida por nosotros y por nuestros abogados defensores fue violada en el Juzgado de Control de la Villa del Rosario, en el Circuito Judicial Penal de Trujillo, en la Sala Constitucional del TSJ, pero no en el Juzgado Quinto de Maracaibo, donde la Jueza Erika Carroz declinó su competencia y propuso buscar otro lugar de reclusión en la Sierra de Perijá distinto al del Fuerte Macoa. De inmediato la Sala Penal del TSJ por orden de una mano peluda de la Fiscalía o del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia le quita el caso y nos traslada a la cárcel de Trujillo y al Circuito Judicial Penal de Trujillo.

12. Diez meses permanecimos en el Fuerte Macoa de Machiques y 7 en la Cárcel Nacional de Trujillo. En Macoa nuestras mujeres eran desnudadas por orden de inescrupulosos solados encargados de la visitas, mi hija Guillermina, viuda de Ever no fue más a verme, porque en una oportunidad un solado quiso violarla. Estas violaciones fueron denunciadas en la ciudad de Maracaibo ante la Fiscalía 23 encargada de la Mujer y la Familia, en la Defensoría del Pueblo de Maracaibo y Caracas y en los medios de comunicación. Y a hora en el CIDH de la OEA.

13. En el Fuerte Macoa por orden del General Izquierdo Torres no podíamos salir del cuarto, el agua estaba sucia y la comida muchas veces tenía mal olor y residuos de servilletas, huesos y palillos, lo que originaba que nos mantuviésemos enfermos del estómago. Una vez a la semana desde el pasillo nos decían en alta voz que nos iban a matar, que nos íbamos a pudrir en la cárcel por asesinos y ladrones de ganados. El 31 de Diciembre nos iban aplicar Ley de Fuga un soldado a media noche nos dijo que nos podíamos escapar.

14. En la cárcel nos ubicaron en el pabellón de los evangélicos que al no lograr nuestra participación activa en sus cultos, nos discriminaban y nos castigaban, me sentaban en una silla toda la noche en el baño cerca de la letrina sin permitirme dormir.

15. Vimos cosas horribles, en más de una oportunidad trataron de apuñalearnos. Ya para el mes de marzo era insoportable nuestra permanencia en el pabellón nuevo donde nos trasladaron. Ya estaba amenazado de muerte.

16. Fueron las marchas en la ciudad de Trujillo y los plantones frente a la cárcel por los grupos sociales, las constantes denuncias de nuestros abogados y las visitas tres veces a la semana por Francisco Prada, su esposa Laura y su hijo Patricio y de nuestras familias lo que no permitió que nos asesinaran. Los internos nos consideraban sapos porque todo se lo contábamos a nuestros familiares y compañeros de los grupos sociales de Trujillo, Caracas, Mérida y Maracaibo que todas las semanas asistían a las simuladas audiencias.

17. Por violar nuestros derechos al mantenernos encerrados en recintos militares y en cárceles, nosotros exigimos la indemnización nuestra y de nuestros familiares, por habernos generado tanto dolor. Nuestra familia con nuestras mujeres y niños vivían en la calle por no tener recursos para viajar todas las semanas de la Sierra a la ciudad de Trujillo.

Un juicio amañado para condenarnos

18. Nunca se buscó la verdad, sólo condenarnos para complacer a los ministros El Aissami y Maldonado y a los ganaderos. El Juez Moreno Matheus, los acusadores fiscales Américo Rodríguez, Lenín Terán y el abogado de GADEMA Alfonso Chacín, amañaron el juicio, cercenando permanentemente los planteamientos y las observaciones de nuestros abogados defensores, preparando a los testigos para mentir en sus declaraciones orales, a los expertos del CICPC los denunciamos como torturadores de Alexander. Quisieron criminalizarnos con el resultado del ATD cuando es cosa común y del conocimiento público que nosotros los Yukpa somos cazadores y todas las semanas salimos a cazar con escopetas para comer, por eso consiguieron residuos de pólvora en nuestros cuerpos.

19. El día viernes 1 de abril se cumplieron 10 días continuos sin haberse podido concretar una audiencia, que según el artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal, obliga a la interrupción del juicio para que comience de nuevo, ya que uno de nosotros, (Alexander), se enfermó de Bronquitis Aguda asmática. Desde el día martes, Alexander no pudo asistir a las siguientes audiencias: 29 de marzo, viernes 1 y martes 5 de abril. Según jurisprudencia del TSJ, el día martes 5 de abril se cumplieron los 10 días hábiles para quedar interrumpido el juicio.

20. En ausencia de Alexander el Juez, por presión de fiscales y del ganadero Chacín, pretendió el día martes 5 de abril realizar la audiencia. Los abogados defensores abandonaron la sala y el abogado o Defensor Público, convocado ese mismo día por el Juez desesperadamente, no se pudo juramentar y asumir la defensa de Sabino como se esperaba, ante el rechazo formulado por nosotros. Si yo estaba, Sabino, indefenso, ¿cómo es que el Juez Moreno Matheus celebró la audiencia? Queda demostrado que se trató de una nueva trampa para condenarnos. Legalmente, esta audiencia debía quedar nula, por lo tanto, ya agotados por todos los abusos, mentiras y trampas cometidas en este proceso desde su inicio hasta el día de hoy, hemos decidido no ir más a este juicio que además de estar completamente amañado, violándose leyes fundamentales, lo que busca es condenarnos a como dé lugar. Nosotros los indígenas, no entendemos esta manera tan sucia de hacer justicia, exigimos que se respete nuestra Justicia Yukpa.

Estos son cada uno de los delitos para condenar a Sabino

21. Los tres delitos de los que me acusan no pueden sostenerse, en el mismo expediente está la mentira:

El primer delito es el de “homicidio intencional en grado de determinador” en contra de Nireya Romero, mi sobrina (cosa que nunca dijeron los fiscales que me acusan), para el momento en el que se introduce la acusación el día 04 de diciembre de 2009, ningún testigo me acusaba de haber dado esa orden a Alexander, eso salió de la imaginación de los fiscales, y con esto se pretendió llevarme a la cárcel.

El segundo delito es el de “Homicidio frustrado con complicidad correspectiva” eso es que como nadie se declara culpable, todos lo somos. Claro que nadie se va a declarar culpable porque quien disparó fue mi yerno Ever, que murió. Los fiscales y el CICPC no pueden saber quién disparó, ni con qué arma, ni desde dónde se hizo, es tan descarado lo que han hecho que ahora que estoy en la calle y me enseñan la planimetría del sitio y cadáver me entero que donde ellos dicen que murió Ever me senté yo herido, eso quiere decir que esa sangre es mía y no de Ever. El estudio que hizo el CICPC no puede decir además de quién es cada una de las evidencias recogidas. Montaron la versión de los hechos como mejor les convenía. Con los análisis que están en el expediente, no hay forma de saber quién hirió a quién, pero eso no importa para este juicio, ya que igual me culparon y encerraron.

El tercer delito es el de “agavillamiento”, eso es que nos pusimos de acuerdo varias personas para cometer el delito en Guamopamocha. Lo primero en este punto es que yo no fui con mi gente a cometer un delito, fui a resolver un problema como lo hacemos los Yukpa: hablando. Como cacique tenía que ir acompañado, no podía ir solo, y conmigo, entre otros, iba Cristóbal, un muchacho que habían golpeado. Pero para la Ley watía, andar en grupo es un delito, eso es como si condenaran a los hermanos indígenas de Bolivia por mascar hojas de coca. Parece que nuestros jueces no saben leer la Constitución cuando dicen que somos una nación multiétnica y pluricultural. Por ser Yukpa, por desplazarnos colectivamente para la resolución de conflictos, me quieren encerrar.

22. Me quieren encerrar por tres delitos: dos no pueden probarse y uno niega mi condición de indígena, niega mi cultura. Como si fuera poco, el abogado ganadero que no ha hecho otra cosa desde que llegó a Machiques que odiarnos, propone dividir la causa porque le conviene culminar el juicio, y el Juez lo acepta violando el debido proceso. Sería una falta de respeto con el pueblo Yukpa y con todos los pueblos indígenas del mundo, si yo permito que este juicio me encierre y con esto se silencie la lucha por el territorio Yukpa. Nosotros tenemos nuestra Ley, y la constitución lo reconoce. El camino justo es como se dice en nuestra Constitución, sobre el respeto por los derechos de los indígenas y la aplicación de la jurisdicción indígena. El otro, es la desobediencia en la que hoy nos declaramos, ante un sistema judicial que niega los derechos de los pueblos indígenas.

Petición

23. Solicitamos al presidente Chávez que se pronuncie al respecto. Tenemos ya suficientes razones para no poder confiar en la imparcialidad de este juicio watía. Le exigimos al Estado la aplicación de nuestro derecho Yukpa. Exigimos respeto a nuestras costumbres y a nuestros derechos amparados hoy por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sabino Romero Izarra Alexander Fernández Fernández