Condenar a Sabino y Alexander.

Caso indígenas Yukpas en Trujillo: Soberbia racista acusa y agrede a los más débiles.

El Juez Antonio Moreno Matheus por órdenes superiores convalida la estrategia de los ganaderos de GADEMA

Sociedad Homo et Natura

Por gestión del movimiento social, el 15 de marzo se les concede Medida Cautelar a los tres dirigentes indígenas detenidos arbitrariamente en la Cárcel Nacional de Trujillo y sometidos a juicio en el Circuito Judicial Penal de Trujillo. El 22 de ese mismo mes van a audiencia, y desde esa fecha hasta el martes 5 de abril Alexander Fernández por motivo de salud no comparece a las audiencias, es decir no asiste el martes 29, el viernes 01 y el martes 5 de abril, lo cual fue demostrado a través del Informe Médico presentado oportunamente por sus fiadores en la audiencia del martes 5: BRONQUITIS AGUDA Y NEUMONIA, trascurriendo exactamente diez (10) días continuos, produciéndose consecuencialmente la INTERRUPCION DEL PRESENTE JUICIO, quedando todo lo actuado y evacuado completamente NULO, como bien se puede leer de conformidad con el espíritu y propósito del Artículo 335 del Código Orgánico Procesal Penal (Concentración y Continuidad del Juicio).

La audiencia del viernes 1 no fue celebrada por ausencia de uno de los acusados, Alexander Fernández, sin embargo en la conversa planteada en la sala el ganadero Alfonso Chacín, Consultor Jurídico de la Asociación de Ganadero de Machiques (GADEMA) y de defensor privado de Olegario Romero, quien en la práctica desde el primer día de su incorporación al juicio viene haciendo también las veces de acusador perseguidor, junto con los Fiscales Américo Rodríguez y Lenín Terán, de Sabino y Alexander, formuló tres propuestas: celebrar ese día la audiencia, quitarle la Medida Cautelar a Alexander, dividir el juicio. Propuestas estas rechazada y fundamentada por el abogado privado de Sabino y Alexander Dr. Leonel Galindo, concediéndole la razón el Juez Antonio Moreno Matheus.

No se podía celebrar la audiencia solicitada por la ausencia de una de las parte, el acusado Alexander Fernández, no se le podía suspender el beneficio de la Medida Cautelar por no saberse la razones de su ausencia y no se podía dividir el juicio por el Principio de Inmediación y Concentración contenido en los Articulos 16 y 17 del Código Orgánico Procesal Penal.

Estos fueron los fundamentos de la decisión tomada y publicada el día martes 1 de abril a las 4 pm, por parte del Juez Antonio Moreno Matheus, a cargo del Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, para lo cual se ejerció la facultad de CONTROL CONSTITUCIONAL, contenida en el artículo 19 del mismo Código Orgánico Procesal Penal.

La defensa ejercida por los abogados Galindo y Soraya Suárez no admitió considerar la presencia de los acusados en juicio como un acto voluntario, lo cual alegaba la Fiscalía y la defensa de GADEMA, todo para fundamentar la propuesta de DIVIDIR la continencia de la causa, y seguidamente solicitar la SEPARACIÓN de cada uno de los acusados en el presente juicio en sede ordinaria, a pesar de haber impugnado desde el inicio de este histórico proceso como simulado e inconstitucional, alegando la aplicación de la jurisdicción especial indígena, como bien lo establece el artículo 260 de la Constitución Nacional, igual aplicación de los artículos 130 al 141 de la vigente Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).

Pero en la audiencia del martes 5 el Juez Moreno Mathus en cochupancia con el abogado ganadero y con los fiscales Rodríguez y Terán, cambió de posición, mintió al afirmar que en la reunión celebrada el día viernes 1 se había llegado por consenso entre las partes de separar el juicio: uno para Sabino y Olegario y otro parar Alexander Fernández. Los abogados y Suárez no consiguieron alegatos jurídicos para hacer entrar en razón al Juez Moreno Matheus que ordenó el inicio de la Audiencia con Sabino y Olegario.

Durante el juicio del día 5 de abril, la solicitud de juzgar en ausencia a Alexander Fernández bajo supuestos formales de retiro o ausencia injustificada del tribunal, lo cual es una mentira. Lo hizo el Fiscal Lenín Terán sin dejar de manifestar sus sentimientos al decir esta es “una medida de presión sobre el acusado que pesan lo mayores delitos imputados por el Ministerio Público”, cuando se dio cuenta de la gravedad y ensañamiento de sus palabras ante el público y la defensa, quiso corregir el uso de la frase “presionar a los acusados” alegando otros supuestos descabellados, intentó comparar a Alexander Fernández con presos que se niegan a asistir a la audiencia o se retiran del la sala del tribunal.

Al fiscal no le importó conocer que la causa de inasistencia se debió a padecer de Bronquitis Asmática en forma de Neumonía, debidamente diagnosticada por un médico del Sistema Público de Salud, por el contrario, insistía en ejemplos de aplicación de la medida de juicio en ausencia, comparando la situación, con el caso de los policías presos por los hechos del 11 de abril del 2002, quienes se negaban a salir de sus celda de reclusión para asistir al tribunal. En ningún caso es comparable con el hecho de fondo, Alexander Fernández se encontraba insistente por causa justificada y no hay manera de demostrar que se niega a asistir al juicio.

En este momento faltaba una voz por escucharse en la sala, la cual el Juez Antonio Moreno requirió con adulación diciendo “a este tribunal le interesa conocer la opinión del Fiscal 35 Américo Rodríguez, debido a que es un fiscal con competencia nacional”, de inmediato respondió: “el Ministerio Público, como siempre, acatará y respetará las decisiones del tribunal”.

En este marco la defensa de Sabino y Alexander tuvieron que afrontar el agravio y estigmatización contra sus defendidos, pero su insistencia en la ilegalidad de la decisión del juez, argumentada en derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y los derechos de los pueblos indígenas, fue llevando al extremo la situación y dejando ver el que la decisión de dividir el juicio y juzgar por separado a los acusados, y ahora, celebrar la audiencia del 5 de abril a toda costa, fue un acuerdo que habían hecho el Juez 2º de juicio Antonio Moreno, los fiscales Américo Rodríguez, Lenín Terán y el abogado de los Ganaderos Alfonso Chacín.

El Juez Antonio Moreno fue el deplorable ejecutor de la estrategia de la fiscalía y los ganaderos, sin ningún reparo mostró en el tribunal la raza de la justicia, occidental y corrupta, su fin fue aislar los argumentos de la defensa de Sabino y enfrentarlos a la fiscalía y el ganadero. Sin importarle la ilegalidad en que insistía y su función de Juez, su propósito será condenar a Sabino e impartir un castigo ejemplar a la rebeldía Yukpa. Los compromisos e imparcialidad del Juez con la fiscalía y el abogado de los ganaderos, le impidieron valorar con justicia y equilibrio la inasistencia de Alexander y, cuando ya no encontró argumentos contra la defensa de Sabino, respondía sin cesar que era una decisión tomada por el tribunal, a la cual podían apelar en la instancia superior.

La soberbia judicial encontró fermento en el odio racista del ganadero Alfonso Chacín, el ensañamiento de los fiscales Américo Rodríguez y Lenín Terán y la corrupción del Juez Antonio Moreno. Con autoritarismo el Juez selló el acuerdo y de inmediato hizo pasar a la testigo contra Sabino Ivette Ortega (ficha del Ministro Tareck) a la sala de audiencia, la respuesta de la defensa, al ver la violación del debido proceso, fue oponerse al inicio de la audiencia sin la presencia de Alexander Fernández, al ver que el juez insistía en la violación a este derecho constitucional, abandonaron la sala ya que no podían convalidar una situación tan ilegal y viciada.

Durante casi dos horas quedaron a sus anchas los tres actores de los vicios procesales, por su parte el Juez se dedicó personalmente por teléfono a buscar un Defensor Público para sustituirlo por la defensa de Sabino e incidir sobre la testigo contra Sabino Ivette Ortega, recordándole que no se podía retirar de su lugar sin atestiguar. El ganadero Alfonso Chacín amenazaba a la testigo con sanciones si abandonaba la sala de audiencia y los fiscales hacían lo suyo hablándole a la testigo personalmente y a su lado, pero de nuevo la soberbia se les desbordó. Al verse dueños de la escena, no midieron la presión sobre Ivette Ortega y justo en el momento que se presentó un defensor público de nombre Roger, la testigo decidió no rendir su testimonio, mientras Sabino no aceptaba el defensor impuesto por el Juez Antonio Moreno y acusaba a la testigo de venir al tribunal para declarar en su contra.

La conclusión del día fue una grave lesión ocasionada a los derechos de Sabino y Alexander, al debido proceso y la demostración más fehaciente de la complicidad del ganadero Alfonso Chacín, los fiscales y el juez para condenar a los acusados. El defensor público, no aceptado por Sabino, se sentó, fijó una mirada autista en el piso y no pronunció una sola palabra. No fue juramentado, se retiró.

El martes 12 de este mes los mercaderes de la Justicia Ordinaria esperan a Sabino Romero Izarra y a Alexander Fernández Fernández para condenarlos, para así complacer al Gobierno y a los ganaderos que amenazan recuperar las haciendas ocupadas por los Yukpas. Mientras la Ministra indígena Nicia Maldonado se prepara para medir las tierras sin la presencia de los indígenas según reza el Decreto Presidencial Nº 7855.