El Estado gobierno venezolano viola los derechos humanos de los pueblos indígenas y se criminaliza a los luchadores sociales pese a que sus informes a

por: Sociedad Homo et Natura

Hasta ahora todos los títulos otorgados a las naciones o pueblos indígenas son meros títulos agrarios campesinos por comunidades o grupo de comunidades. Es decir, archipiélagos aptos para entrar en un acelerado proceso de criollización encaminado al circuito del mercado productivo tal como el Banco Mundial y el BID lo requiere en sus estudios o financiamientos al respecto.

Derechos prohibidos:

El estamento militar que permeabiliza todo el aparato del Estado nacional burgués venezolano y la derecha opositor coinciden que en este país las naciones indígenas no se les puede reconocer en la práctica, mucho menos en zonas fronterizas, ciertos derechos, como los derechos a poseer territorios suficientes libres de terceros para garantizar su permanencia y el normal desarrollo como pueblos diferenciados, sino a partir de la entrega de archipiélagos productivos, tal como este 12 de Octubre ocurrió en la entrega de títulos de propiedad colectiva agraria a tres comunidades Yukpa de las 160 comunidades que conforman la nación o pueblo Yukpa. El Gobierno una vez más impuso su visión agrarista y no acepto títulos de solo y único espacio territorial como lo autodemarcó los dirigentas indígenas.

Por esta razón la protesta el 26 de octubre de la comunidad Kariña Palital del estado Anzoategui por el título agrarista favoreciendo a terceros entregados en Shirapta, Sierra de Perijá el pasado 12 de Octubre. Los Yukpa no han protestado porque ese mismo día se llevaron de vuelta el título a Caracas para arreglarlo, aún no saben que se les entregaron, sólo saben que son 41.630 hectáreas que ya poseían y por estar aún anonadados por el efectos de seis camiones regalados y varios millardos en créditos agropecuarios, vías de penetración, construcción de vivienda, oferta de trabajo, etc., etc.

La demarcación de los territorios indígenas impuesta en Venezuela por el Estado Nacional a los pueblos o naciones indígenas es una fragrante violación a la constitución y a la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, a los acuerdos internacionales emanados por la ONU, la OEA y la OIT. Con esta demarcación sólo son beneficiados los terceros, es decir los hacendados, parceleros y los capitales mineros invasores de los territorios ancestrales indígenas. Al no eliminar los megaproyectos minero portuario viales privados/estatales y al no pagar las bienhechurías de las haciendas y parcelas agropecuarias dentro de los territorios indígenas, sólo se entregan los espacios dejados por la terrofagia.

El 24 de agosto de 2009 en la reunión realizada en la comunidad Kasmera, la Comisión de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas presentó una contrapuesta de poligonal a la presentada desde el 2001 por el pueblo Yukpa donde perdían 90 mil hectáreas del piedemonte donde se ubican todas las haciendas autodemarcadas y solicitadas al Gobierno para ampliar su territorio original. Categóricamente fue protestada llevando la voz cantante el dirigente Sabino. Esta propuesta se impuso en la parte norte donde se entregaron los títulos de propiedad sobre la superficie que ya poseían.

A partir de este momento se unen con la comisión de demarcación y firman una carta gubernamental de convivencia (propuesta por la ministra Ortega de Carizales) con un sector del pueblo Yukpa parceleros (Frente Campesino Revolucionario por la defensa del Pequeño y Mediano Productor) y hacendados (un sector de GADEMA), un sector, porque el otro considera que la respuesta de fondo es entregar nuevas tierras a los Yukpa y no las mismas en donde viven actualmente después del despojo hace unos cincuenta años, este sector ganadero sabe que continuaran los enfrentamiento por la tenencia de la tierra ancestral.

Ante el robo de ganado se enciende el verbo desafiante del frente campesino y de un sector de hacendados durante varios días criminalizando por los medios de comunicación a Sabino y contra el luchador social aliado de las causas indígenas profesor universitario Lusbi Portillo, y con menor fuerza, pero desde dos semanas antes, por Olegario Romero cacique de la comunidad Guamo-Pamocha, vinculado al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Lo que originó algunas reacciones del Ministro Tareck El Aissami contra el Presidente de GADEMA, MÁS NO CONTRA el Frente Campesino que fue mucho más violento en cuanto repetía que sino aparecía las vacas robadas por Sabino tomaría la justicia por las manos y emplazó en varias oportunidades al profesor Portillo en que en vigilia lo esperaba en la Plaza del Carmen de la ciudad de Machiques para que devolviera las vacas, pero en estos mismo días en el programa con Todos los Hierros de Radio Nacional de Venezuela (RNV) Sergio Rodríguez, Viceministro del Ambiente y miembro de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras Indígenas acusaba a Sabino de los hechos vilentos y al Profesor Portillo de instigador, tal como por radio manifestaba públicamente el consultor Jurídico de GADEMA y el señor Carrillo del Frente Campesino, de allí lo la acusación de agavillamiento contra el Estado, ese mismo operador político gubernamental afirmó días después que otras de las causas que está detrás de estos sucesos y de la no demarcación son “los intereses propios” y los asocia con la droga (Panorama, 2310/09: 3), otras de los rumores por lo cual pretender acusar al Profesor Portillo.

El señor Carrillo aseguró en radio Sierra de Machiques que antes de los sucesos sangrientos el profesor Portillo había llevado municiones y licor a Sabino en su comunidad Chaktapa. Todo esto no es más que un montaje de la derecha fascista gubernamental y de oposición para criminalizar al profesor Lusbi Portillo y a Sabino Romero Izarra, según el Ministerio del Ambiente y de la comisión de demarcación existes “factores externos subversivos” que han obstaculizado el proceso de demarcación de tierra, según exposición de Norma Ribas el 30 de julio en un foro realizado en la sede de la UBV Caracas.

Sobre el derecho a la Libre Determinación y a poseer formas propias de organizarse se les impone los denominados Concejos Comunales y las Comunas Socialistas, o las cooperativas o empresas productivas sociales vinculadas al circuito capitalista de mercado. La formula de los Concejos Comunales les elimina a los pueblos indígenas su carácter autónomo y su estructura de gobierno propio frente al Estado nacional, estos nombrados Concejos Comunales los amarran a toda las estructuras jurídicas y políticas populista del Estado gobierno, es decir a su geometría de poder centralizada.

El Gobierno desconoce también los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas, por considerarlos inferiores sólo pueden ser aplicables a delitos menores, tal fue la argumentación esgrimida por la jueza Judith Esperanza Rojas del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control, Extensión Villa del Rosario del Circuito Penal del Estado Zulia, en contra de Sabino Romero Izarra, de Olegario Romero y de Alexander Fernández Fernández, al dar cuenta “de un “derecho criollo” que no mira la diversidad cultural como fundamento jurídico de un Estado que se define como plurinacional en la carta constitucional que funge como contrato social” (Aguilar V. 10/2009).

Poderes amarrados:

Esta señora jueza recibe orden directas de cierta operadora política del Tribunal Supremo de Justicia, así como el CICPC Machiques y Maracaibo del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, o los operadores político indígenas tarifados de la Ministra Indígenas Nicia Maldonado, o los medios oficiales de comunicación del Zulia de operadores como el señor Sergio Arias, o Thierry Deronne quien a través de mensajes de textos solicita a quienes hayan firmado el comunicado en apoyo a los Yukpa debe retractarse públicamente, tal como solicitó a directivos del MST de Brasil. Todo el aparato comunicacional estatal debe trabajar por la satanización de Sabino y silenciamiento a la organización no gubernamental Sociedad Homo et Natura.

Fue tanto el desespero del CICPC Machiques por cumplir la orden emanada desde Caracas para inculpar a Sabino Romero Izarra, que todas las pruebas recogidas y presentadas en el Tribunal de la Villa fueron consideradas nulas, sien embargo la jueza Rojas imputa a Sabino “por homicidio, avigallamiento y robo. Las únicas pruebas que determinan la sentencia son las pruebas de balística presentadas por el CICPC, sin embargo, no podemos sino dudar de los resultados de las pruebas técnicas, por ser sus responsables los funcionarios del CICPC, de quienes hemos sido testigos que han cometido contra Sabino, todas las irregularidades habidas y por haber, y quienes, repetimos, han violado sistemáticamente sus derechos. La sentencia no dio lugar a la nulidad del proceso. Los abogados apelarán antes de los cinco días permitidos” (Galindo, L. 10/2009).

Esta prueba balística fue presentada por el Vicepresidente de la República y aprobada por una parcialidad de los asistentes en la reunión convocada en su despacho días antes.

De este montaje se va agarrar el Vicepresidente y la jueza para intentar condenar a Sabino y salvar el Vice a su esposa la ministra del ambiente Yubirí Ortega de Carrizales responsable nacional de la fracasada comisión demarcación de hábitat y tierras indígenas. Ante el avance del movimiento social en la calle ya se tiene como chivo expiatorio al Viceministro Sergio Rodríguez y a todos los miembros de la fracasada comisión demarcadora.

Antes de las presiones y componendas con altos jerarcas del Ministerio del Interior y Justicia, más que científica la policía auxiliar del poder judicial ha pasado a ser política, al igual que el Ejército. Mientras estos cuerpos policiales y militares son diligentes contra Sabino y la Sociedad Homo et Natura, los políticos indígenas de la Asamblea Nacional y Consejo Legislativo Zulia o las organizaciones indígenas (especies de franquicias gubernamental/electorales) actúan con indiferencia y desden, las comisiones nombradas obligadas visitan la Sierra de Perijá y Machiques trabajan unos tres días y se devuelven a sus curules en Caracas a levantar su informe.

Ante una política errada remoción de cargos

Si de culpables se trata, entonces el Presidente deben destituir de sus cargos por incompetentes a los ministros del poder popular para el ambiente, para asuntos indígenas y de relación interiores y justicia, no por que han violentado los derechos humanos del pueblo indígena Yukpa (ya ésta estaba calculada en el plan), sino todo lo contrario, por no haber sido exitosos en la aplicación de política acordada en distintos cenáculos políticos o Consejos de Ministros.

Por esta razón ahora navegan en las aguas turbulentas y sucias de una política de Estado mal aplicada, hacen cualquier marramucia para silenciar que estos muertos y enfrentamientos entre indígenas, campesinos y hacendados son el resultado ya anunciados derivados de su nefasta política para asumir la demarcación del territorio del pueblo Yukpa, expresada en la negativa de adquirir las bienhechurías de parcelas y haciendas autodemarcadas como su territorio, imponer intereses de terceros sobre los del pueblo originario en su territorio ancestral, y obligar a firmar este 12 de Octubre pasado una carta de convivencia a una parcialidad del pueblo Yukpa con los terceros, figura carente de soporte legal.

Todo el plan del gobierno por doquier se le ve la costura, sólo le queda expander la mentira y reprimir a ciegas para callar la verdad o rectificar:

1.- pagando a través de un cronograma las bienhechurías de parcelas y haciendas autodemarcadas como territorio ancestral indígena,

2.- rescindir de todas las concesiones de carbón otorgadas por el Estado en estas tierras indígenas autodemarcadas,

3.- permitir que el derecho consuetudinario del pueblo o nación Yukpa se encargue de ventilar las responsabilidades particulares y de reconstruir su unidad y,

4.- entender que los asuntos sociales y políticos del país también es un asunto que le incumbe a las organizaciones sociales como genuina expresión del pueblo soberano organizado.

Diga usted señor presidente.